Fariña dijo que la obra pública estaba cartelizada y apuntó contra Scioli

El ex financista y testigo protegido Leonardo Fariña afirmó ante la justicia que en la gestión del ex gobernador Daniel Scioli la obra pública en la provincia de Buenos Aires se "cartelizó" y la adjudicación supuestamente irregular era manejada por el ex mandatario, el ex ministro de Planificación nacional Julio De Vido y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Fariña realizó esa aseveración al declarar durante más de dos horas como testigo en la causa que la justicia de esta capital sigue contra el ex gobernador bonaerense Scioli y parte de su equipo de gobierno por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras defraudaciones a la administración pública.

"La obra pública se 'cartelizó'", afirmó Fariña, según el testimonio al que accedió DyN, y agregó que "por los mismos dichos de (el detenido empresario kirchnerista Lázaro) Báez, la obra pública en la Provincia de Buenos Aires se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC, el gobernador de la Provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido". 

Fariña aseguró que esa situación generó "el enojo de Báez porque no podía entrar en la obra de la Provincia", y que su participación en la concesión de la Autovía Interbalnearia Nº2 fue "vetada" por Scioli, De Vido y las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.

Asimismo, Fariña denunció la existencia de "el club de la obra pública", que funcionaba "en 7 y 54 de La Plata" y donde, según sus dichos, "se armaban las obras a licitar y se organizaba quién se las iba a adjudicar".

"Se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quién iba a ser adjudicatario y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora", agregó.

Fariña reiteró en su declaración que "la CAC, Scioli y Julio de Vido eran quienes organizaban la obra pública en la Provincia de Buenos Aires. Estos tres, Scioli, De Vido y la CAC eran quienes armaban".

En otro orden dijo que "en la City porteña se puede comprobar la irregularidad en la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, dado que existen cooperativas, mutuales, cerealeras y recaudadoras que el Banco Provincia las dotaba de cuentas exentas las cuales se utilizaban para el descuento de valores en negro".

"En concreto -continuó-, la empresa que obtenía la obra pública, luego entregaba cheques a cooperativas, mutuales, etcétera, quienes luego eran cobrados por ellas en efectivo y luego se la daban a quien le dio el cheque. Todo esto va en contra de toda norma bancaria y todo el dinero terminaba en gobernadores, la CAC, etcétera".

Fariña fue convocado hoy por el fiscal del caso, Alvaro Garganta, tras un pedido de la parte denunciante -representada por la diputada nacional Elisa Carrió-, quien solicitó citar al arrepentido para que aporte datos sobre presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Buenos Aires.

Origen del caso. La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio en la justicia platense por Carrió, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula "lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública".

El fiscal primero apuntó la investigación a supuestas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos que se desarrollaron durante los años 2014 y 2015.

Tras descubrirse el supuesto delito, el 14 de septiembre se realizó un allanamiento en la casa que el ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Bs.As.-La Plata.

Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía, oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada.

Inmediatamente Carbone y el ex Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, fueron citados a declaración indagatoria para los primeros días del mes pasado. Tras negar su participación en el hecho que se les imputa, la justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y a finales del mes pasado ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.

El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

La última medida de Garganta fue una solicitud a Scioli para que presente las facturas por la contratación de un vuelo privado del 23 de noviembre último hasta Punta Cana con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., la misma que alquiló las aeronaves a la Gobernación hasta diciembre de 2015.