El oficialismo logró la firma del dictamen para avanzar con el proyecto de ley para impedir el otorgamiento de beneficios a empresas vinculadas o ubicadas en "guaridas" fiscales, el nuevo nombre con el que ahora denomina a los históricos "paraísos fiscales" donde se requiere baja o nula tributación.
Pero lo llamativo fue el camino que transitó el primer texto que elaboró el diputado Pablo Carro, que había contado inicialmente con el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, y que luego se fusionó con otras dos iniciativas de Fernanda Vallejos y de Graciela Camaño que amplió las restricciones y forzó el rechazo de Juntos por el Cambio.
El 21 de septiembre la Comisión de Presupuesto y Hacienda sacó un primer dictamen por unanimidad que fue llevado al recinto tres días después, ante el acuerdo de todos los sectores sobre la iniciativa que, entre otras cosas, castigaba a empresas con activos offshore o con probada evasión fiscal.
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Durante la polémica sesión del 24 de septiembre, donde se desató el escándalo con el ex diputado Juan Emilio Ameri, el texto se encontraba en el temario pero la prolongación de las discusiones y la imposibilidad del Frente de Todos de incorporar cambios en el segundo artículo, llevaron a que el presidente de la Cámara Sergio Massa sugiriera que el proyecto volviera a la comisión.
Así fue que la iniciativa volvió a la comisión que encabeza Carlos Heller y ayer se trató nuevamente, aunque solo logró la firma de 25 diputados del Frente de Todos, Consenso Federal y el interbloque Unidad y Equidad Federal de José Luis Ramón, mientras que Juntos por el Cambio avaló el texto original en minoría con otras 20 firmas.
El proyecto establece la "prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional y/o algún organismo dependiente y/o alguna empresa con participación estatal mayoritaria, a los sujetos, entes y/o instrumentos jurídicos, contractuales o no, personificados o no, indicados en el artículo 2º de la presente ley".
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Entre ellos beneficios figuran, por ejemplo, el programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que otorga ANSES para el pago de los salarios de los empleados, así como otros subsidios o beneficios fiscales que el Gobierno fue brindando conforme se profundizó la crisis económica tras el inicio de la cuarentena.
Pero el cortocircuito se originó en los cambios al artículo 2, donde se ampliaron las restricciones para las empresas que pueden acceder a los beneficios.
En primer lugar, se eliminó el listado de países "no cooperantes" contemplados en el proyecto original, que son los que no tienen convenio con la República Argentina para el intercambio de información tributaria y en cambio se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que según el oficialismo "se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales".
Esta cláusula puso en alerta a Juntos por el Cambio porque no se trata de una nómina de países que está especificada en el proyecto sino que será un listado "dinámico" que la autoridad de aplicación irá actualizando de acuerdo al comportamiento de los distintos países.
“Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, sostuvo el secretario de la Comisión de Presupuesto, el radical Luis Pastori, en sintonía con el santafesino del PRO Luciano Laspina que anticipó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”.
Con respecto al texto original se eliminó la cláusula que dispone estas restricciones en situaciones de pandemia o emergencia como la actual, es decir que el impedimento a las empresas sería de forma permanente, otro de los puntos que alertó a la oposición.
"No entiendo por qué nos hacen cargo ahora a nosotros, que ustedes parece que son Robin Hood, y nosotros somos los que estamos mal, los que estamos out side. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser unos obstruccionistas de este tema”, advirtió el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos, molesto por la estrategia del oficialismo de dejar expuesta a la oposición.
Con el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento había sucedido algo similar, ya que el tema se había aprobado por amplia mayoría en Diputados pero volvió del Senado con cambios, en los que precisamente se incorporaban más restricciones a las empresas que podían recibir los beneficios, y Juntos por el Cambio volvió a tomar la misma actitud y votó en contra.
Pero quizás el punto que mayor discordia generó fue el que establece que quedarán afuera de los incentivos las personas o compañias "que tengan control directo o indirecto de filiales o posean establecimientos permanentes en jurisdicciones de baja o nula tributación; así como aquellas sociedades nacionales controladas por sociedades extranjeras o vinculadas con sociedades extranjeras domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, cualquiera sea la participación de estas últimas".
Laspina indicó que de acuerdo a su criterio "no está claro si excluye o no" a las sociedades constituidas en el extranjero, pese a que la letra del proyecto indica que sí estarían excluidas si forman parte de la lista negra del Gobierno. "Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, se quejó el diputado.
Vallejos, en cambio, defendió la iniciativa y remarcó que "a partir de esta norma, los 'vivos' que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos, para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”.
Camaño, que sumó sus ideas al texto original luego de un reclamo de Jorge Sarghini durante la sesión de fines de septiembre, insistió en que “no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”.
“¿Cómo podemos ser llevados por delante de esta manera? Por favor, reflexionen; por favor, respeten las instituciones. Esto que han hecho es un bochorno. Cómo pueden hacer esto y llevarnos puestos. Están haciendo realmente un manejo del debate parlamentario que no merece ser hecho en momentos de tanta incertidumbre" se quejó Sarghini en la sesión del 24 de septiembre, sumamente enojado porque el oficialismo había querido modificar el artículo 2 sobre la marcha, pasando por encima de quienes habían dado su respaldo a un texto más "light".
