Cada vez más voces judiciales suman sus críticas al proyecto del Ejecutivo de modificar el régimen previsional de los magistrados y piden ser escuchados durante el debate parlamentario. Allí, apuestan a incorporar modificaciones al texto, ya que descuentan que el Gobierno conseguirá el número para avanzar con la iniciativa.
Ayer, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales emitió un comunicado en el que expresan su “preocupación” por no haber sido “convocados ni escuchados con antelación”. Eso, consideran, “contribuiría a la construcción de ámbitos de consenso y a la búsqueda de soluciones eficaces”. El grupo nuclea a las máximas autoridades –fuera de los miembros de la Corte Suprema– del Poder Judicial. En el texto no hacen una reflexión sobre el proyecto en sí (anticipan que lo harán en su reunión del 2 de marzo, aunque a esa altura el texto probablemente ya tenga media sanción), pero reclaman tener una “adecuada intervención”.
En la previa al fin de semana largo y a una semana en la que el Gobierno planea avanzar rápidamente con el tratamiento (ver aparte), ayer también se conoció una acordada de la Cámara Nacional del Trabajo. Allí, exhortan a Alberto Fernández a que se elabore un nuevo proyecto “con la debida participación de los magistrados, funcionarios y sus organismos representativos”. Los camaristas expresaron que el proyecto “parte de la premisa errónea de considerar que se trata de un régimen jubilatorio de privilegio”. Además, anticiparon que el nuevo régimen provocará “un estado de incertidumbre” por el retiro anticipado de jueces y fiscales, “lo que provocará un vaciamiento que incidirá gravemente en el normal desenvolvimiento de uno de los poderes del Estado”.
También durante el día de ayer se expresó la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. A través de un comunicado, los fiscales informaron a sus socios que están realizando “las gestiones a fin de tener participación en las distintas comisiones” del Congreso en las que se debatirá el proyecto (arranca el próximo miércoles en Diputados). Los fiscales hablan de “graves consecuencias” que viene generando el proyecto en relación con la “abrumadora presentación de renuncias” ante la “incierta situación que provoca el texto”. Además, cuestionaron la “incomprensible urgencia impuesta” a la sanción del proyecto y, al igual que los jueces, critican la “ausencia de convocatoria oficial para generar un proyecto de consenso que hubiera permitido evitar efectos adversos” en el Poder Judicial.
