En un fallo de 558 páginas, el juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta "jefa de una asociación ilícita", por considerar que lideró una banda que complotó, junto a exfuncionarios y empresarios, para recaudar sumas millonarias a través de los negocios con la obra pública.
Junto a la ex mandataria, el magistrado procesó en la causa conocida como "cuadernos de las coimas" también a exfuncionarios como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta hasta empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Luis Betnaza.
El caso estalló el 1 de agosto pasado con una serie de detenciones, tras la aparición de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Baratta.
Para CFK, el magistrado pidió que el procesamiento sea con prisión preventiva, lo que queda sujeto al desafuero en el Senado. Además ordenó, tanto para ella como para el resto de los involucrados, que se les trabe un embargo de 4000 millones de pesos.
En la causa hay más de medio centenar de involucrados y un prófugo: Oscar Thomas, extitular del Ente Binacional Yaciretá. La resolución de Bonadio incluyó tanto a Néstor Kirchner como a su ex secretario Daniel Muñóz, ambos fallecidos, por lo que se extingue la acción penal en su contra.
La ex mandataria, al igual que el resto de los involucrados, tiene 48 horas para presentarse en el juzgado de Bonadio para notificarse personalmente de la resolución y embargos.
En Comodoro Py se descuenta que la senadora nacional por Unidad Ciudadana pasará el martes por la mañana, cuando deba ir al edificio de Retiro para su indagatoria en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, que instruye el juez Sebastián Casanello.
En su fallo, Bonadio calificó a CFK como "jefa de asociación ilícita" y la procesó también por el delito de dádivas y cohecho. Para De Vido, detenido desde octubre pasado por las causas de Río Turbio y de compra de gas licuado, el juez dispuso la figura de Organizador de la asociación. Lo mismo aplica para Roberto Baratta, exsecretario del Ministerio de Planificación, preso desde el 1 de agosto. El magistrado entendió que ambos cumplieron un rol clave de la maquinaria desplegada durante los 12 años del kirchnerismo.
En un tercer escalón de responsabilidades ubicó a Nelson Lazarte, exsecretario de Baratta, como partícipe necesario. Para Rafael Llorens, ex funcionario de Planificación, el procesamiento fue como miembro de la asociación ilícita. Lo mismo para los ex empleados de esa cartera Hernán Gómez, Fabián García Ramón, José María Olazagasti (exsecretario privado de De Vido), Walter Fagyas (ex titular de ENARGAS), Claudio Uberti (extitular de OCCOVI), José Francisco López (ex secretario de Obra Pública), y el exchofer de Baratta, Oscar Centeno. En ese grupo, Uberti, López y Centeno son los tres arrepentidos; de hecho, los dos últimos están dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La pata de los empresarios
Por otro lado, el magistrado avanzó contra los empresarios involucrados en el caso, la mayoría de los cuales se acogió a la figura del “imputado colaborador” que, a cambio de ofrecer información sustancial para la causa, puede mejorar su situación a futuro. La causa tuvo la particularidad de incluir nombres de los más importantes miembros de las empresas locales. Desde Aldo Roggio, de Benito Roggio e hijos S.A., hasta Carlos Wagner de Esuco y extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, pasando por Ángelo Calcaterra, primo hermano presidencial y extitular de IECSA.
Entre los empresarios involucrados hubo distintas calificaciones. Un grupo de ellos fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y por el presunto pago de dádivas. Entre ellos figuran, además de los tres mencionados, Enrique Menotti Pescarmona, Armando Loson, Carlos José Mundin, Raúl Vertúa, Néstor Otero, Alejandro Ivanissevich, Manuel Santos Uribellarrea, y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería).
Lo mismo aplica para Rudy Ulloa Igor (exchofer de Néstor Kirchner), Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, y Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Qué es la ley del arrepentido y cómo funciona
A Juan Carlos De Goycoechea, primer empresario arrepentido del caso, le impuso la figura de miembro de la asociación ilícita y cohecho activo, lo mismo que para Juan Chediack, otro ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Luis Betnaza (Techint), Claudio Glazman y el financista Ernesto Clarens. En tanto que a Benjamin Gabriel Romero, del Grupo Romero, se lo procesó como miembro de la asociación, dación de dádivas y cohecho.
El procesamiento del empresario Sergio Taselli sólo fue como miembro de la asociación ilícita. Para su hermano Alberto, la calificación fue también por ese delito y el de dación de dádivas. Lo mismo ocurrió para Hernán Del Río, exchofer de Olazagasti y uno de los últimos en ser detenidos.
El miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández también recibió la calificación de miembro de la asociación ilícita. Lo mismo que Oscar Parrilli, ex responsable de la Inteligencia kirchnerista; Germán Nivello, ex subsecretario del extinguido Ministerio de Planificación; el ex secretario de Medio Ambiente, Jorge Mayoral y el ex juez Norberto Oyarbide.
¿Dónde termina? La pregunta de los empresarios que se convierte en pesadilla
Los que quedan afuera:
Bonadio decretó la falta de mérito para procesar y/o sobreseer a Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería), Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), Rodolfo Armando Poblete (Grupo Romero), Héctor Alberto Zabaleta (ex Techint), Francisco Rubén Valenti (Grupo Pescarmona), y Osvaldo Antenor Acosta (ElectroIngeniería). Además sobreseyó a Raimundo Eduardo Peduto.
Por otro lado el juez declaró extinguida la acción penal por fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner y de Daniel Muñóz.
