POLITICA
Tres detenidos y siete prfugos

Funcionarios y sindicalistas extorsionaban a jubilados

Obligaban a obreros que querían acceder a una jubilación a pagarles fuertes sumas de dinero. Con amenazas, lograban disciplinar a quienes se quejaban. Una carta enviada a Kirchner inició la investigación.

default
default | Cedoc

Una organización mafiosa dedicada a obligar a obreros portuarios a pagar para obtener la jubilación fue desbaratada por la Justicia, según se reveló hoy. Fueron detenidos el jefe de la banda, quien supo trabajar en el puerto y dedicarse a la organización sindical, junto con dos de sus colaboradores. Siete personas permanecen prófugas, entre ellas dos funcionarias.

Los investigadores estiman que miles de trabajadores fueron extorsionados por una suma de 540.000, entre diciembre de 2006 y mayo de 2007. Desesperados para obtener una jubilación llegaban a pagar hasta 10 pesos para obtener un reconocimiento a todos sus años de labor.

Dos funcionarias (una del Anses y otra de la Administración General de Puertos) se llevaban una parte del botín a cambio de permitir a la organización mafiosas extorsionar a los obreros. Un grupo de matones se dedicaba a amedrentar a quienes osasen levantar la voz para cuestionar a la banda.

Según informó esta mañana el diario La Nación, la investigación comenzó cuando el presidente Néstor Kirchner leyó una carta que le envió un trabajador. "Mi situación es caótica. He golpeado todas las puertas para obtener mi jubilación. Me exigieron que firmara un pagaré en blanco. Por favor, necesito su ayuda." A los cinco meses, la Justicia comenzó a actuar.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento de la Administración General de Puertos (AGP), la Anses y el puerto. De esta manera detuvo al ex trabajador Francisco Montiel, su mano derecha, Bernabé Naranjo, y otro colaborador, Hugo Escalada. Tienen orden de captura la gerente de la AGP, Silvia Quinteros, y la responsable de una unidad especial de la Anses, Unidad Central de Apoyo, Silvia Montenegro. También están prófugos la mujer de Montiel, Ana Gorría, y otros dos miembros de la banda.

A principio de la década del noventa, al privatizarse los puertos la desocupación azoló a los estibadores, quienes no contaban con aportes para jubilarse. Dos decretos (en 2004 y 2006) dio por completados los aportes de quienes habían trabajado en blanco más de 16 años.

Para llegar a esto, los trabajadores realizaron una larga lucha. Sin embargo, a partir de esto se montó una mafia que extorsionaba a los supuestos beneficiarios de la jubilación. Es que la AGP delegó la elaboración de los padrones de los futuros jubilados a Francisco Montiel. Las funcionarias prófugas recibían parte del dinero recaudado por los mafiosos.