“Es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas.” Esta frase de la Presidenta en la apertura de sesiones del Congreso fue dirigida al Poder Judicial, pero le calzaría perfecto a uno de los hombres más importantes de su gestión. Miguel Galuccio, titular de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), no cumple con la Ley de Etica Pública, porque hace nueve meses que ocupa el cargo y aún no presentó ninguna declaración patrimonial.
El jefe de la petrolera estatizada se resiste a informar sus bienes. La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, le exigió que declare el listado completo de sus propiedades, tal como deben hacerlo todos los funcionarios con su rango. Sin embargo, Galuccio le respondió al órgano de control que no lo hará, porque sostiene que la obligación no se aplica a YPF y porque, como sociedad anónima, ya “ha brindado la información sobre su patrimonio personal requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores”.
