La Asociación de Magistrados suspendió la reunión que le había pedido el viernes pasado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La decisión se tomó luego del rechazo de la Cámara de Diputados al artículo 100 del Presupuesto 2023 que pretendía que todos los jueces, funcionarios y trabajadores judiciales empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La suspensión fue confirmada a PERFIL por fuentes de la Asociación presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle y se decidió minutos antes de las 9 de la mañana, después de un debate interno post rechazo de Diputados.
El encuentro estaba previsto para las 12 del mediodía y había sido pedido a través de una carta firmada por el propio Gallo Tagle y con membrete de la asociación el viernes pasado. Allí había solicitado que reciba a "una delegación representativa de los distintos estamentos que componen la institución" para discutir en torno al artículo incorporado a último momento por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
La reunión con Cristina -en la que se esperaba que también esté presente la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau- iba a ser la tercera de un raid que empezó el lunes a la mañana en la Corte Suprema. Ese día, los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda habían recibido a la delegación de la asociación en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Lograron una foto y el respaldo al reclamo en contra del pago de Ganancias.
Horas más tarde, la delegación integrada por Gallo Tagle, el camarista federal Mariano Llorens, el juez Juan Manuel Culotta, la secretaria de actas Paula Castro y la ex jueza Nora Monella, en representación de los magistrados jubilados, fue hasta el Congreso. Ahí fueron recibidos por los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto.
"La primera preocupación es que, desde lo legal no es lo correcto, tolerable o adecuado incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la ley de presupuesto, porque así lo establece incluso la ley de administración, en donde ya desde el año 1992 el artículo 20 señala esta prohibición", expresó Gallo Tagle en esa oportunidad.
Expectativa previa y encuentro suspendido
Antes de que se confirme la suspensión del encuentro había una fuerte expectativa respecto de cómo se iba a desarrollar y si iba a concurrir la misma delegación.
De no haberse caído, probablemente la vicepresidenta se hubiera visto cara a cara con Llorens, el juez que viene de pedirle la encarcelación y el juicio político en el marco de una causa que investiga el supuesto traslado de muebles con el avión oficial de la Presidencia a Santa Cruz. Este camarista es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y uno de los señalados por la vicepresidenta como ejecutor del "lawfare".
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"En esta discusión hay mucha confusión, la gente cree que los jueces no quieren pagar y eso no es cierto. Se viene debatiendo desde la década del 90' y es este mismo Parlamento el que nos dio una solución, a través de un acuerdo político, entre las dos fuerzas mayoritarias de ese momento. La intangibilidad es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad y esa es una garantía constitucional", había manifestado Llorens en el Congreso el lunes pasado.
Según pudo saber este diario, la decisión de suspender se tomó luego de conocerse el rechazo por 134 votos contra 116 que apoyaron la iniciativa pasadas las 7 de la mañana de este miércoles. Pasadas las 8 de la mañana, en tanto, mandaron una carta al Senado informando que no iban a concurrir.
El artículo cuestionado por gran parte del mundo judicial pretendía que los magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales comiencen a tributar el Impuesto a las Ganancias independientemente de cuando hayan ingresado al Poder Judicial. De ese modo se equipararían con quienes entraron a partir de 2017, que por ley deben pagar.
Si bien la iniciativa fue propuesta por el oficialista Marcelo Casaretto y era defendida en público por referentes judiciales del Frente de Todos como el propio ministro de Justicia Martín Soria y el diputado Rodolfo Tailhade, entre otros, el artículo generó divisiones internas dentro del kirchnerismo. Principalmente porque Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos, consejera de la magistratura y referenta de uno de los gremios judiciales, votó en contra de la iniciativa.
En el mismo sentido se posicionaron otros cuatro legisladores oficialistas de tracción sindical, uno de ellos el bancario Sergio Palazzo.