Gerardo Martínez es el titular de uno de los gremios más importantes del país, la UOCRA. Insiste en la necesidad de institucionalizar el diálogo social como salida a la crisis. Aclara que no es “apocalíptico”, pero advierte que estamos frente a un escenario “complejo” para el que reclama una salida negociada entre empresarios, sindicalistas y el Estado.
—Este año ya se perdieron 18 mil empleos en la construcción, en la Cámara hablan de otros 40 mil en riesgo. ¿Podemos llegar a un año con 60 mil trabajos menos?
—Como mínimo. Esa es la preocupación central. El impacto que genera la corrida del dólar, con las reacciones propias de la Argentina, es que los desarrolladores privados, que representan el 45% del mercado, están sin entrega de insumos por la falta de precios de referencia y la especulación de algunos. Esto hace que baje la cantidad de horas de trabajo y comienza a haber mucha incertidumbre.
—¿El caso de los cuadernos se suma a los problemas económicos?
—Nos parece bien que la Justicia actúe, pero hay que evitar criminalizar la obra pública. Lo importante es decir hasta qué punto podemos determinar la responsabilidad de la empresa y el empresario. El tema que surge es la onda expansiva que genera toda esta situación. Como ciudadanos y como parte de la industria entendemos que la administración de recursos públicos debe ser bien utilizada, de forma transparente, para evitar este tipo de escándalos.
—La CGT acompaña la negociación entre los gobernadores y el Gobierno. ¿Cree que se aprobará un presupuesto?
—Desde el punto de vista de la gobernabilidad, me parece que sería muy sano que se apruebe un presupuesto. Más allá de la definición de lo que contenga. Es la ley de leyes, y la oposición tiene que actuar con mucha responsabilidad. Después, la preocupación es cómo afecta el ajuste fiscal, que está homologado en un acuerdo de metas concretas con el Fondo Monetario Internacional. La cuestión central es generar, ante un panorama macroeconómico complicado, medidas anticíclicas como las que se dieron en otros países que vivieron circunstancias similares.
—La Uocra cerró el acuerdo del 15%. Ahora el piso de la inflación está en el 40%...
—Todos estamos pensando en tener herramientas y predisposición política para lograr, de forma sensata y responsable, que se cuide el poder adquisitivo de los trabajadores. Más allá de la cifra puntual, en términos generales ya hablamos de cifras que giran en torno al 40. Hoy el Gobierno tiene un vínculo con el FMI y el mundo financiero internacional. Los trabajadores necesitamos tener esa misma oportunidad y que no tengamos que generar situaciones complejas, que enrarecen el clima, por el solo hecho de reclamar algo que nos corresponde.
—¿El riesgo es caer en una carrera entre los precios y el salario que lleve a una espiral inflacionaria?
—Lo que nos preocupa en este caso es encontrar un posicionamiento sensato. Más allá de que tiene que haber un ejercicio de paritarias libres, la realidad que manda hoy hace que tenga que escuchar a los trabajadores que me piden cuidar el empleo sin perder poder adquisitivo de los salarios. Estamos todos enfrentando esas dos demandas.
—¿Cómo ve el peronismo en 2019?
—Ojalá que el peronismo encuentre una propuesta, pero desde mi responsabilidad, como una voz de los trabajadores, 2019 está muy lejos. Mi preocupación es cómo salimos de este nudo, que es pesado y bastante complejo. Hoy la sociedad se pregunta: ¿cuál es el modelo económico? Vemos un país cada vez más endeudado, estamos pidiéndole dinero al FMI, que no es para mejorar la competitividad y el desarrollo, sino para pagar la deuda. Esto nos acerca a un callejón sin salida. La realidad es que acá no hubo solo problemas externos, no es la guerra comercial entre EE.UU. y China, no es solo el petróleo o el problema de Turquía. Acá hubo errores no forzados tremendos y esto genera un clima muy complejo. Para evitar esa complejidad, no hay que encerrarse en un comportamiento de soberbia. En Argentina hemos pasado momentos dramáticos y en el inconsciente colectivo hay cosas que recuerdan a momentos difíciles.
El Labour 20 y el diálogo social
“En todos los foros internacionales, como el G20 o la OCDE, donde participo como titular del consejo de administración de la OIT, se dice que el diálogo social institucionalizado es una herramienta que debe ser una política de Estado”, explica Martínez, quien fue la figura sindical central del encuentro del L20, la rama sindical del G20 que se reunió en Mendoza la semana pasada. Desde su perspectiva, esta cuestión no puede quedar librada a la voluntad de un funcionario: “El problema es que si es discrecional, no es una política de Estado y es discrecional cuando depende de la voluntad de un ministro, sea el que está o el que se fue”. Más allá de esa apreciación, celebra el llamado del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica: “Yo aplaudo la idea, es una instancia virtuosa porque puede dar soporte para lo que se necesita para salir de la crisis”. Y agrega: “Si hay algo que interesa a los trabajadores, es salir de esta crisis”.
