Gobernadores quieren una Corte Suprema con 25 jueces
Los mandatarios provinciales de raigambre peronista concretaron su propuesta con un texto que ya está en la agenda de la Cámara alta. Garantiza la continuidad de los actuales integrantes y dispone una mayoría absoluta para la toma de decisiones. La oposición ya marcó su rechazo, tal como lo hizo con otros intentos de reforma en el área judicial.
Casa Rosada. La iniciativa cuenta con el respaldo de 18 referentes de las provincias. |
Presidencia
Con el aval de los gobernadores peronistas, ya está en el Senado el proyecto para reformar la Corte Suprema y elevar a 25 el número de integrantes, bajo la premisa de dar una impronta federal al máximo tribunal comandado desde la Ciudad de Buenos Aires.
El texto lleva la firma de los senadores José Mayans y de Anabel Fernández Sagasti del interbloque del Frente de Todos y busca plasmar una iniciativa que tiene consenso entre los mandatarios provinciales, que ya llevaron la idea al presidente Alberto Fernández.
En el marco de las dificultades que enfrenta el oficialismo con cada iniciativa de tinte judicial que lleva al Congreso, la oposición ya manifestó su contundente rechazo que tiene además su fundamento en la paridad de ambas cámaras que retrasa el avance de numerosos proyectos.
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Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y del PRO, no acompañó la movida de sus pares por considerar que se trata de un “avance sobre el Poder Judicial”. El radical Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, también había calificado el proyecto como un “disparate jurídico”.
El jefe del bloque de diputados radicales Mario Negri se expresó en ese sentido y señaló que “el kirchnerismo nos quiere hacer creer que está preocupado por solucionar los problemas urgentes de los argentinos. Pero quedó demostrado que el único plan que tiene es perseguir la impunidad”.
Los proyectos de modificación de la Corte surgieron a partir de la disputa con el oficialismo por la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, que obligó a trabajar en una nueva ley que por ahora no fue aprobada. Como consecuencia, oficialismo y oposición entraron en una lucha por determinar quiénes ocuparían los lugares políticos vacantes y reforzaron aún más el conflicto.
El impulso fue dado luego de una reunión que mantuvieron los gobernadores en Buenos Aires sobre finales de mayo donde coincidieron en presentar un texto con la premisa fundamental de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, actualmente de cinco integrantes aunque con un lugar vacante por la salida de la única mujer: Elena Highton de Nolasco.
La consulta popular como alternativa
En vistas de las dificultades que tiene el kirchnerismo para sacar adelante cualquier modificación en el plano judicial, desde el Congreso no dejan de pensar variantes para llevar a cabo los añorados cambios. Es así como la última semana el senador neuquino Oscar Parrilli logró el tratamiento en comisión de un proyecto para modificar el régimen de consulta popular, con la excusa de generar una “democracia más directa”. En rigor, busca encontrar una posible salida a la intención de modificar la Corte Suprema a través de la decisión ciudadana, en una votación que piensan en simultáneo con los comicios presidenciales de 2023. Hasta el momento, el oficialismo no logró el avance de la reforma judicial, de la designación del Procurador General de la Nación, de la cobertura de la vacante en la Corte Suprema ni en la nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura.
“Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde esa vez nunca se hizo una consulta popular”, dijo Parrilli, quien consideró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó”.
Destacó que el texto permite convocar a consulta a cualquier tema de interés con excepción de reforma constitucional, tratados internacionales, tributos y materia penal, indicó durante la reunión de Comisión.
