Con un decreto, el Gobierno dio de baja a 7 mil empleados públicos
Este martes, el Gobierno publicó el decreto 84/2023 en el Boletín Oficial. No renueva 7 mil empleos del Estado que vencían el próximo 31 de diciembre. Qué casos quedarían exceptuados.
Javier Milei con la motosierra |
Cedoc Perfil
El gobierno del presidente Javier Milei avanza con el ajuste del Estado y en las últimas horas firmó un decreto en el que se establece la no renovación de contratos por empleo público que hayan sido firmados en el último año. Fuentes oficiales afirmaron que alcanza a 7 mil personas, aunque otros miles de empleos serán puestos a revisión durante 90 días.
El DNU se conoció este martes 26 de diciembre y afecta, en primer lugar, a quienes están contratados sin antigüedad en la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal.
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El artículo 1° del decreto establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas". Así, se abarca a los empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023", de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Días atrás, la agencia Noticias Argentinas había informado que Javier Milei dispondría a través de otro decreto de necesidad y urgencia que todas las contrataciones de empleados públicos de este año 2023 no serían renovadas.
La norma comprendería todas las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al ya inminente 31 de diciembre de 2023.
Cuáles empleados estatales seguirían en el Estado
Esta medida exceptuaría a las contrataciones de personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
También quedaría al margen el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, fundamentando que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
Asimismo, quedarían exceptuados los trabajadores contratados en el último año por ley de cupo trans y discapacitados y quienes se incorporaron a la planta permanente como parte del proceso de normalización que impulsó la administración del expresidente Alberto Fernández en acuerdo con UPCN y ATE.
