Al ver frustrados sus intentos de llegar a un acuerdo con el Gobierno para aumentar el dinero que reciben en concepto de coparticipación federal, los gobernadores decidieron enviar directamente al Congreso dos proyectos para discutir este tema que tiene el aval de la mayoría de los mandatarios provinciales, del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la firma de los referentes de los distintos bloques del Senado, por ejemplo, José Mayans, Fernando Salino, Juliana Di Tullio, Carlos Espínola y Eduardo Vischi.
El primer proyecto propone quitar fideicomisos y fondos “poco transparentes” que se financian con lo que genera el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), y que ese dinero se destine a las provincias con el objetivo de ayudar a sostener las “funciones y responsabilidades asumidas por los gobiernos provinciales y municipales” como consecuencia del ajuste realizado por Javier Milei.
Este proyecto quitaría el fondo fiduciario de Infraestructura de Transporte, de Infraestructura Hídrica, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, el Fondo Compensador del Transporte y el Fondo Nacional de la Vivienda con el objetivo de “terminar con este mecanismo de distribución sectorial” y, los recursos serían distribuidos según la ley de Coparticipación.
Para hacer efectiva esta medida, el proyecto sugiere cambiar la Ley 23.966, redefiniendo la distribución de lo que produce el ICL: de esa forma quedaría un 57,02% para las provincias, un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (ANSES), y un 14,29% para el Tesoro Nacional.
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Los fondos de las provincias se repartirían en un 25% a partes iguales entre todos los distritos, y el 75% restante de acuerdo a lo establecido en los índices de coparticipación.
El segundo proyecto es complementario del primero y propone sumar un nuevo artículo a la Ley 11.672 donde se determine que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se distribuirán según los artículos 3°, 4° y 8° de la ley de coparticipación. En este caso, la redistribución se hará “diaria y automáticamente”, siguiendo las condiciones establecidas por coparticipación.
Durante la negociación previa al envío de estos proyectos, que involucró a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y a los ministros de economía provinciales, el Gobierno rechazó coparticipar el remanente del fondo de ATN (Adelantos del Tesoro Nacional), y ofreció coparticipar la parte correspondiente a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos (transfiriéndoles a los gobernadores también las rutas).
Esto molestó a los funcionarios provinciales. “Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias. Cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto, está generando un superávit con plata de las provincias", denunció el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, tras la reunión con Guberman.
Gobernadores exigen mayor distribución de fondos para enfrentar la crisis económica
El jefe de Gabinete Guillermo Francos advirtió que, como sucedió en casos similares, cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal será vetada por el presidente; sin embargo, los gobernadores apuestan a esquivar esa medida con el argumento de que, en realidad, se trata de un redireccionamiento de fondos que no perjudicaría al Gobierno.
Las declaraciones de Guillermo Francos
El 29 de junio, el jefe de Gabinete respondió a la presión de los gobernadores por conseguir mayores recursos nacionales y una nueva ley de Coparticipación.
Francos afirmó: “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal. Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”.
En el programa “Mercuriali 630”, que conduce Franco Mercuriali por Radio Rivadavia, el funcionario remarcó que la reforma de la coparticipación “es una deuda desde la Constitución del ‘94”, y reconoció que el Gobierno busca avanzar con un nuevo esquema.
“Es uno de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo. Hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar. Hace más de 30 años que nadie pudo resolverlo”, remarcó, y luego habló del ajuste que están realizando: “Hemos hecho un esfuerzo histórico en reducción del gasto, en personal del Estado, en organismos innecesarios. No podemos desarmar todo de golpe. Si uno vuelve al camino de la emisión o del impuesto fácil, volvemos al fracaso”.
