La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, encabezada por el dirigente social Juan Grabois, presentó ayer a la tarde, desde El Alto, en Bolivia, un reporte parcial, con conclusiones demoledoras, en base a los testimonios recogidos en sus 12 horas iniciales de trabajo de campo. Asimismo, demandaron a la Cancillería y a la embajada argentina en La Paz que garanticen su seguridad cuando emprendan el retorno hoy al país.
En una conferencia de prensa desde la Iglesia San Francisco de Asís, donde se reunieron con víctimas y sus familiares, los cuarenta miembros del equipo de organizaciones sociales aseguraron que “existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata como consecuencia del actuar represivo de las FF.SS. y FF.AA. y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”.
A lo largo de veinte puntos, el primer reporte señala la ausencia total del Estado para brindar respuestas a los parientes de los muertos y heridos, así como para garantizar la atención sanitaria en aquellos hospitales donde ingresaron lesionados con balas en las jornadas posteriores al golpe de Estado. Incluso señalan que algunas instituciones de salud reclaman a las familias “el pago de los insumos y de la atención sanitarias, de personas finalmente fallecidos”.
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Asimismo, denuncian persecuciones políticas, detenciones arbitrarias con pruebas falsas, investigaciones que no avanzan y amenazas a los abogados particulares “incompatible con establecer un acuerdo de paz para restablecer la democracia”. Más terrible todavía, las primeras denuncias, que todavía deben ser contrastadas, explican en la delegación, citan presuntos casos de torturas y ataques sexuales.
“No alcanzan las palabras para describir el sufrimiento, el dolor, la pena y las grandes calamidades que hoy golpean especialmente a determinados sectores del hermano pueblo boliviano, fundamentalmente mujeres, campesinos e indígenas”, concluyen.
Antes de emprender hoy el regreso, la delegación presentará una segunda versión del informe, con más denuncias, para sistematizarlo luego en una edición que presentarán en15 días ante instancias defensoras de los Derechos Humanos, argentinas e internacionales. Lo que pretenden es generar “soluciones más inmediatas” en materia de reparación económica, jurídica, habitacional y terapéutica.
A su llegada a Santa Cruz de la Sierra para conectar con el vuelo rumbo a El Alto, catorce miembros de la comitiva fueron separados por la policía local sin mayores explicaciones al cónsul argentino que intercedió. Luego fueron increpados por civiles sin identificación. Ayer, demandaron a la Cancillería que intervenga para garantizar hoy su regreso a salvo y consiguieron el compromiso de que les “darán una mano”. para evitar nuevos episodios de violencia.
Evaliz y Alvaro, en silencio. Desde que aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza el sábado pasado, los hijos de Evo Morales mantuvieron su bajo perfil, al punto que nadie sabe demasiado sobre su paradero. Fuentes vinculadas al operativo sigiloso que los sacó de Bolivia afirman que ambos solicitaron, en un principio, alejarse de toda exposición y que temen por la situación de sus familias –Evaliz y Alvaro son hijos de distintas madres–, que siguen en su país. También aseveran que aunque la hija de Evo tuvo alguna participación en política a partir de actuar como primera dama cuando el protocolo lo demandaba, Alvaro optó por un camino distinto, sin militancia alguna. Ante la consulta de este diario, el Ministerio de Seguridad de la Nación no respondió si les proveen custodia. Otras fuentes aseguran que la propia comunidad los cuida.
