El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri pretende que la empresa brasileña Odebrecht “diga quienes fueron los funcionarios que recibieron los sobornos” en Argentina, y afirmó que desde diciembre de 2015, las obras públicas que se realizan en el país son “absolutamente transparentes”.
“Hicimos denuncias penales sobre todas las irregularidades que encontramos. Hubo una empresa que puso 35 millones de dólares en sobornos para obras públicas y eso pasó durante el kirchnerismo. Queremos saber qué pasó. Hoy la obra pública es transparente en Argentina”, señaló Dietrich.
El funcionario insistió en respuesta a las denuncias de la diputada Elisa Carrió, en que el Gobierno no encubre a De Vido, sino que armó "un equipo que investiga la fecha de las obras de Santa Cruz, todas las licitaciones y presentamos pruebas de lo que para nosotros fue una asociación ilícita y estafa al Estado".
En esa línea, Además, en diálogo con TN, denunció que el "sistema político" no permite que se avance en la investigación de la causa Odebrecht, para que la empresa "diga quiénes recibieron coima en el país".
"Pasamos una ley al Congreso, para que se generen las condiciones para que la empresa declare, que el sistema político no quiere que avance, el empuje que le da el Presidente (Mauricio Macri) al tema, no se lo da el sistema político", concluyó.
"De Vido fue un eslabón clave en un gobierno que fue altamente corrupto. Yo no tengo ninguna duda de que las causas (en su contra) van a avanzar y se van a probar. Fue escandaloso. Lázaro Báez era el número uno en obra pública, se llevo el 80 por ciento de las licitaciones en Santa Cruz", resaltó el ministro.
“El kirchnerismo quiere embarrar la cancha y mostrar que todos somos iguales. Esto no es así. Por eso estamos impulsando la causa de Odebrecht, porque (Alejandra) Gils Carbó (la procuradora general de la Nación) fue a Brasil e hizo fulbito para la tribuna”, subrayó.
La Justicia Federal allanó ayer oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en Buenos Aires, luego de que se impusiera secreto de sumario en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de una planta potabilizadora de Aysa, en tanto la empresa ratificó públicamente su predisposición a "colaborar en forma amplia y definitiva con las investigaciones".
En tanto, la reunión que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tenía previsto realizar con representantes de Odebrecht para avanzar en las tratativas para que la constructora aporte información que, a su vez, la Oficina Anticorrupción derivará a la Justicia, fue reprogramada para la semana próxima en virtud de los allanamientos que tuvieron lugar ayer al mediodía.
