Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex directores de la AFI macrista, fueron llamados a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que los investiga por espionaje ilegal. Los dos están procesados pero en este caso se trata de una ampliación para que hagan su descargo sobre el espionaje en las cárceles. Era algo que le habían pedido al juez los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Los fiscales basaron su pedido -al que hizo lugar el juez- en que tanto Arribas como Majdalani "se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros".
Estas acciones, según describieron los fiscales, ocurrieron mientras se encontraban privados de su libertad "y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal".
Complicados
Gustavo Arribas y Majdalani fueron procesados el 5 de agosto por espionaje ilegal. El juez Augé consideró que ordenaron hacer inteligencia ilegal sobre la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios ex dirigentes del kirchnerismo, pero también del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Tanto el señor 5 como la señora 8 negaron las acusaciones. Pero Augé los embargó y los obligó a entregar el pasaporte: no pueden salir del país.
También están involucrados el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto -quien recusó a los fiscales y pidió la nulidad de las pericias- y un grupo de ex espías, así como la ex directora de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo.
En esta ampliación, el juez los acusa además de estar ligados al espionaje en el penal de Ezeiza, el mismo del que se desprendieron las grabaciones que usó el fiscal Carlos Stornelli para iniciar una investigación que denominó "Operativo Puff". Según Augé, estos audios se obtuvieron de manera ilegal. El juez Federico Villena, que fue apartado de la causa de espionaje ilegal, fue quien ordenó escuchas en Ezeiza pero argumentó que lo hizo para seguir los pasos de un narcotráficante alojado allí.
MC
