Paralelamente a las arduas negociaciones que mantiene con los acreedores externos, el Ministerio de Economía está coordinando con las distintas provincias los procesos de reestructuración de sus deudas, con el fin de brindar un mayor respaldo ante los tenedores de bonos, cambiar el perfil del endeudamiento y tener, además, el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para las iniciativas que están encarando distintas gobernaciones del país.
Fuentes de Gobierno y del Ministerio de Economía aseguraron a PERFIL que en los últimos días hubo conversaciones que mantuvieron el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, con algunos gobernadores que han decidido encarar, en forma paralela al Ejecutivo Nacional, la reestructuración de sus respectivas deudas.
“Se viene conversando con los gobernadores desde diciembre y ahora se han intensificado las charlas. Claramente el objetivo es cambiar el perfil de las deudas provinciales, reducir drásticamente las colocaciones en dólares y profundizar las fuentes de financiamiento en moneda local”, puntualizó una importante fuente del gabinete económico.
Frente a la reestructuración que está negociando el Gobierno Nacional con los acreedores por un monto de 66.300 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera, el panorama del endeudamiento provincial también muestra un horizonte muy complicado, sobre todo por la concentración de vencimientos en los próximos dos años, que correspondieron a colocaciones de títulos realizadas en un porcentaje mayor entre 2016 y 2019.
Precisamente, en un trabajo realizado por la consultora Abeceb se advierte que 14 de los 24 distritos del país tiene deuda emitida en moneda extranjera, acumulando pasivos en forma global de 19.500 millones de dólares, lo que equivale a un 73% del total de los mismos.
Frente a este panorama, en las conversaciones que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en estos últimos días se puso especial énfasis en la necesidad de “reperfilar” gran parte de la deuda emitida por las provincias en los últimos tres años e iniciar un camino de endeudamiento en pesos.
Este es uno de los trabajos de base que está efectuando la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial para asesorar a los gobernadores. En muchos casos, los números son contundentes. Las provincias que en este momento registran mayor peso de la deuda pública sobre los recursos tributarios son Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Jujuy, Rio Negro, La Rioja y Santa Fe.
Otro de los aspectos que los bancos de inversión y los fondos externos miran detenidamente para evaluar el riesgo de los estados del interior del país es el score de deuda provincial. En ese ranking que poseen diversos bancos de inversión, se observa que el mejor promedio de score lo tienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Neuquén. Un promedio considerablemente más bajo se observa en la provincia de Buenos Aires y los peores corresponden a Jujuy y Tierra del Fuego.
Frente a estos datos y una realidad que se agravó notablemente en los últimos tres meses por la cuarentena, desde el Gobierno aseguran que se hará un asesoramiento y seguimiento cercano de cada uno de los procesos de reestructuración que están encarando varias administraciones provinciales. “El objetivo es acompañar a las provincias a que puedan realizar lo mismo que estamos haciendo nosotros, para que la deuda tenga un panorama sustentable y sostenible hacia adelante y en esto también hay respaldo del FMI”, recalcó otro funcionario del gabinete económico.
De todas formas, en Economía admiten que hay un grupo de cinco o seis provincias cuyos niveles de endeudamiento se presenta mucho más comprometido que el resto. El caso más trascendente por peso y desarrollo es Buenos Aires, en la cual el gobernador Axel Kicillof busca reperfilar US$ 7.148 millones: propuso un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55% y una quita de capital del 7%.
En este momento se sigue negociando con los acreedores y se estableció una nueva prórroga en el cierre del canje que se quiere llevar adelante para el 19 de junio. Hace unos días atrás, el Ministerio de Hacienda provincial emitió un comunicado en el cual sostuvo que “existe cierto margen para introducir cambios a la invitación y a su vez respetar el marco de sostenibilidad elaborado por la Provincia”. “En este sentido, hoy el esfuerzo está concentrado en la comunicación de buena fe con todos los actores para poder arribar a la mejor alternativa posible”, agregó.
Otros casos. Además de Buenos Aires, son varias las provincias que comenzaron a desfilar el sinuoso camino de la reestructuración de deuda, desafiando el peligro del default. En las últimas semanas se han sumado Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Río Negro.
En el caso de Mendoza, la provincia presentó una ambiciosa propuesta de reestructuración de su deuda, tras haber incumplido el pago inicial de un bono con vencimiento en 2014, estableciéndose un período de gracia de 30 días que culmina a fines de esta semana. La reestructuración es por un monto de 590 millones de dólares.
Otra provincia que está encarando un esquema de reestructuración de su deuda es Córdoba, proceso que se encararía a partir de julio. De hecho, un grupo de bonistas institucionales emitidos por la provincia bajo legislación extranjera emitieron en los últimos días un comunicado en el cual detalla que integraron un Comité especial para hacer frente al reperfilamiento de la deuda de Córdoba, aunque también ingresaría en una etapa de incumplimiento selectivo.
“Los miembros del Comité planean llevar a cabo cualquier interacción con las autoridades en una manera consistente con los Principios para la Estabilidad de los Flujos de Capitales y Reestructuraciones Equitativas avalados por el G20, los cuales incluyen transparencia, el intercambio puntual de información, diálogo abierto, acciones de buena fe, y tratamiento justo entre clases de acreedores”, agregaron los representantes de los tenedores de bonos de Córdoba.
