“Estoy entre enojado y preocupado”. Del otro lado del teléfono celular, uno de los damnificados opositores de la denuncia por espionaje ilegal que presentó Cristina Caamaño, titular del AFI, masculla bronca. Es que desde la campaña de 2015, la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio abandonaron las líneas telefónicas. Muchos de ellos solo se comunicaban por el chat de Telegram con autodestrucción. Es que la paranoia sobre el trabajo de los espías se había instalado. Una paranoia que era intramuros (la posibilidad de que la AFI investigue a los “propios”) o extramuros (que agentes inorgánicos los investiguen sin el control de las autoridades de la Agencia de Inteligencia).
En cualquier hipótesis, el entonces presidente Mauricio Macri le había solicitado al Ministerio de Seguridad que preparen un sistema encriptado de comunicaciones. No todos en su gabinete habían accedido al software a prueba de “pinchazos”, pero ya demostraba las sospechas que despertaban los agentes de Inteligencia. Propios o ajenos.
En ese momento, había dudas sobre el accionar residual del kirchnerismo pero, a la vez, en el propio Cambiemos había dudas sobre el titular de la AFI, Gustavo “el negro” Arribas, y de su segunda, la peronista Silvia “la turca” Majdalani. Ministros como Guillermo Dietrich o Patricia Bullrich no utilizaban las líneas telefónicas sino Whatsapp. Menos aún, lo hacía la mesa “chica”.
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En la denuncia se habla de dos dirigentes del PRO y cuatro radicales a quienes les hackearon sus cuentas de correo. Entre los del PRO, están Laura Alonso, quien estaba al frente de la Oficina Anticorrupción; y Nicolás Massot, jefe del bloque macrista en Diputados entre 2015 y 2019. El nombre de Alonso resultó sospechoso en la lista. Había combatido como pocos al kirchnerismo, y se había comenzado a enfrentar en el último tramo del mandato de Macri a jueces y fiscales federales, muchos vinculados a los servicios de inteligencia. También era muy crítica de Arribas y Majdalani. Un rumor que corrió años atrás da cuenta de que Alonso quiso avanzar contra Arribas en la causa Odebrecht y la frenaron, a tiempo, desde Casa Rosada.
Por su lado, Massot se enteró hace varias semanas de que había un presunto arrepentido que había revelado un entramado de espionaje. Massot fue una de las llaves para que salgan las leyes que pedía Macri durante cuatro años. Pero generaba recelo en la Rosada su cercanía a otros actores de la política, del PJ y Sergio Massa a sindicalistas. Llamó la atención que no aparezca el jefe de Massot: el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó.
Más espiados. Cuatro radicales aparecen en la denuncia. Se trata de Mario Barletta, Ernesto Sanz, Mario Negri y Ángel Rozas. Todos vieron la mano K en la denuncia. Por su lado, María Eugenia Vidal, en plena campaña para la gobernación, se bajó Telegram y ya no chateaba sin mecanismo de destrucción. En sus primeros años en la gobernación dudaba de las acciones de agentes de inteligencia inorgánicos. Sus sospechas se hicieron realidad cuando Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad, la alertó sobre las actividades de espionaje ilegal. En un allanamiento en una causa por narcotráfico radicada en Lomas de Zamora, en la casa de uno de los ex policías investigados había documentos y hasta fotos sobre sus movimientos.
El Congreso estudiará la denuncia
La reunión no se extendió más de dos horas. Y tomó relevancia como pocas veces. Es que la cumbre de la comisión Bicameral de Inteligencia, que reúne a diputados y senadores, tomó contacto esta semana, por primera vez de manera formal, con la denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre presuntas actividades de espionaje ilegal.
En la cumbre, conducida por el radical del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se leyó la denuncia completa presentada ante Comodoro Py y hubo una serie de consultas puntuales por parte de los miembros de la comisión. En particular, se pusieron de acuerdo para analizar los avances de la denuncia. No hubo ni espías ni arrepentidos en la sesión. Pero se acordó pedir más informes tanto a la AFI como al Poder Judicial para obtener más detalles y documentos sobre el caso de presunto espionaje ilegal.
