Fue designada como directora de la empresa Hotesur, de la familia Kirchner. Sin embargo, Giselle Fernández, hermana de la presidenta Cristina Kirchner, figura en los registros de la AFIP con su identificación fiscal de baja, por lo que no podría ejercer el cargo de manera normal.
En diciembre, tras la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades y el allanamiento del juez Claudio Bonadio, la empresa intentó subsanar los problemas. Pero los nuevos datos de domicilio de la firma y sus directores, declarados tras un cambio de normas en la Inspección General de Justicia (IGJ), que se iniciaron el mismo día en que se desató el escándalo, también muestran inconsistencias.
El mismo día en que se llevó a cabo el operativo judicial en la sede ficticia de Hotesur SA y la IGJ, el 20 de noviembre pasado, este organismo inició el Expediente Nº 5123819/7253055 sobre “Análisis sanción sociedades no registradas”. El mismo expediente aparece en los considerandos de la Resolución 04/14 de la IGJ, con fecha del 12 de diciembre pasado. Esta nueva norma –que abarca a todas las firmas inscriptas, no sólo a la de la Presidenta– surge como un “traje a medida” ante el escándalo que afecta a la empresa de los Kirchner, porque ofrece un plazo de cinco meses para regularizar la situación registral de las compañías en falta.
Pocos días después, el 22 de diciembre, Hotesur publicó en el Boletín Oficial los datos de una asamblea de accionistas que habría sido realizada en marzo. Allí, se designó a la sobrina de Cristina, Romina Mercado, como presidenta y a otros familiares como directores. Entre ellos se encuentra la hermana de la Presidenta, quien, a pesar de estar ejerciendo el cargo desde marzo pasado, tiene al día de la fecha la CUIT inhabilitada, según surge de los registros públicos de la AFIP que remiten a la Resolución 3537/13 del organismo, sobre “restricciones” a los “contribuyentes” que no estén debidamente “empadronados”. Para regularizar su situación, Giselle debería actualizar “todas sus actividades económicas”.
“En estas condiciones, no podría cobrar honorarios por el cargo que ejerce en Hotesur, entre otros trámites propios de la dirección de una empresa, al estar inhabilitada para emitir facturas”, explicó un abogado especializado en sociedades consultado por PERFIL.
En la misma publicación del 22 de diciembre se detalla que los directores de la firma toman domicilio en calle Alem 1080, 3 piso “C”, CABA. También se indica que “la sede social de la empresa” fue trasladada a Alem 530, piso 3, en la misma ciudad.
Ambas direcciones corresponden a estudios profesionales: se trataría de un lugar para recibir cualquier notificación, antes que un domicilio legal en plena regla.
Tres abogados indicaron a PERFIL que el registro del domicilio de una firma y sus accionistas en un estudio jurídico de confianza es una práctica frecuente, a pesar de estar reñida con las normas. Sin embargo, se trata de una empresa que está en la mira del juez penal tributario federal López Biscayart por el contrato de alquiler de habitaciones que mantuvo con la empresa Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez.
“En la sede social deberían estar los libros, la administración y la dirección de la empresa; además, no se conoce la composición del directorio que decretó la nueva sede, que debería haber sido inscripto previamente en la IGJ”, explicó uno de los letrados consultados.
Más allá de estas irregularidades, también persisten huecos en la historia societaria de la firma adquirida por Néstor Kirchner y heredada por su mujer y sus hijos. Los “baches” deberán ser subsanados antes de abril de 2015. Según surge de los comunicados de la firma, la declaración de bienes de la Presidenta y los datos publicados en el Boletín Oficial, Cristina y sus dos hijos suman el 98% de las acciones –49% ella y otro 49% en poder de Florencia y Máximo. La duda que persiste es: ¿quién es el accionista que posee el 2% de la firma? Por otro lado, existe un hueco en la historia de la empresa presidencial, se desconoce la composición del directorio y los accionistas entre 2009 –la última inscripción es de julio de 2008, con vencimiento en el año 2009– y la asamblea realizada en marzo de 2014. Estos datos deberán ser declarados para que la IGJ no se vea obligada a inhabilitar a la empresa presidencial. Salvo que en abril se decida ofrecer una nueva prórroga a las empresas en falta.
