Fue el lugar elegido para construir un nuevo complejo judicial que ayudaría a descomprimir el colapso edilicio de la Justicia. Un predio de cinco hectáreas ubicado en Parque Patricios, entre las avenidas Brasil y Juan de Garay, y las calles Combate de los Pozos y Pichincha. En noviembre de 2012, la Corte Suprema firmó el convenio de colaboración con el Consejo de la Magistratura y el entonces Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, para que se inicie el trámite de licitación y comience la construcción de un complejo que albergaría al Archivo General del Poder Judicial y otras dependencias de los tribunales nacionales. La obra estaba estimada en 138 mil metros cuadrados. A cuatro años de la imagen de aquel acuerdo, del que participaron desde De Vido y el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, hasta el hoy detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, en el predio lo único que está emplazado es un circo.
El Buenos Aires Polo Circo se instaló en el terreno por un préstamo temporal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según pudo reconstruir PERFIL, a pesar de la deficiencia estructural de los juzgados, el proyecto quedó “archivado”, envuelto en una serie de fuertes cruces e internas. El plan se guardó en un cajón cuando amenazaba con convertirse en un escándalo, entre otros motivos, por la forma en que había crecido el presupuesto inicial. De alrededor de $ 500 millones pasó a $ 1.500 millones en menos de tres años, como pudo comprobar este diario en base a documentación oficial.
El primer convenio para la licitación fue en octubre de 2011 e involucró tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura y al Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial, a cargo de Héctor Marchi, secretario general de Administración del máximo tribunal. El Comité de Inversión recibió numerosos cuestionamientos por sus contrataciones y es uno de los pilares de Elisa Carrió contra Lorenzetti, para quien prepara un pedido de juicio político. La líder de la Coalición Cívica se refirió a ese Comité como un “agujero negro”. El expediente por la construcción del complejo, que acumuló más de 25 cuerpos entre los diferentes movimientos, también llevaba, entre otras, las firmas del ex administrador general del Consejo, Germán Krieger –señalado como un hombre cercano a Lorenzetti–, de Luis Devoto, ex titular de la Dirección General de Administración y Financiera, y del ex subdirector del área de Infraestructura, Hugo Lazzarini. Todos ellos están imputados por presuntos sobreprecios en la obra pública del Consejo.
