La Pastoral Social de Rosario emitió una reflexión sobre el caso de la empresa Vicentin, con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, en el que pidió una solución a la disputa "dentro del estado de derecho".
En el documento difundido este jueves, el equipo arquidiocesano realizó un repaso sobre los distintos sectores involucrados en la discusión sobre el futuro de la empresa y advirtió que "el bien común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro".
Hace poco menos de un mes, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de avanzar con la intervención y la expropiación de la cerealera santafesina, inmersa en un mar de deudas y conflictos tanto con acreedores privados como con el Banco Nación.
El primer objetivo del Gobierno nacional fue cumplido a medias, ya que se designó a los interventores pero la justicia santafesina puso algunas trabas y determinó que los integrantes del directorio podían continuar en sus funciones hasta tanto se determine cómo seguir, dejando a los interventores en un simple rol de veedores.
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Las idas y venidas judiciales dejaron en stand by la intención del kirchnerismo de expropiar la empresa, sumado a las protestas que tuvieron su punto más álgido el Día de la Bandera, con foco en las zonas rurales de Santa Fe y Córdoba.
En ese contexto, el documento episcopal toma como base la Doctrina Social de la Iglesia y va citando algunos tramos que tienen vinculación con la situación de la compañía en quiebra.
"La realidad es compleja y reúne muchas facetas como las caras de un poliedro según la figura usada por el Papa Francisco. Creemos que este debe ser el punto de partida para analizar el caso Vicentín por los múltiples derechos e intereses que encierra", dice el texto que reproduce la agencia AICA.
Allí menciona que "aparecen por un lado los vecinos de la fábrica cuyas vidas, sueños y familias se desarrollaron a su alrededor porque esta es su fuente de trabajo". También tiene en cuenta a "los sindicatos: su papel debe ser de promotores de la lucha por la justicia social, que es lucha en favor del justo bien y no contra los demás".
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Como tercer actor cita a los empresarios, cuyas "responsabilidades empresariales y directivas exigen una constante reflexión sobre los valores morales que deben guiar las opciones personales de quien está investido de tales funciones”.
El documento alerta allí que "ante la posibilidad de comisión de ilícitos para tutelar el bien común, la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. En el Estado de derecho, el poder de infligir penas queda justamente confiado a la Magistratura", cita un párrafo de la Doctrina Social de la Iglesia, con el que quiere quitar de escena al Gobierno nacional como posible árbitro en la disputa.
"Para llevar a cabo su tarea, el Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de superestructuras y constricciones autoritarias o, peor aún, totalitarias”, afirma el documento, que marca que "tan fundamental es que el Estado proporcione a la sociedad y al mercado un marco jurídico como que él mismo lo respete; si no lo hace y desconoce su base constitucional, pulveriza sus cimientos".
La Pastoral Social rosarina también hace uso del artículo 1° de la Constitución Nacional para dar sostén a su parecer y resalta que "la República debe exigir la división de poderes" y asevera que "ante el problema que nos ocupa, debe dejarse al Poder Judicial cumplir su función en el Concurso de Acreedores respetando la manda constitucional".
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Defiende además el derecho de propiedad también mencionado en la Constitución, al señalar que "no puede ser desconocido aunque tampoco puede concebirse sin la función social que lo grava cual hipoteca, según nos enseñara San Juan Pablo II" y manifiesta su "preocupación por la concentración y extranjerización de las empresas cerealeras. El Bien Común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro".
Como conclusión final asegura: "Nos preocupa Vicentin. Nos preocupa nuestra Patria y el Pueblo, el pueblo sencillo que quiere trabajar y no siempre puede y que aunque pueda, se esfuerce y lo haga,se empobrece cada vez más desde hace muchas décadas, no sólo por el deterioro de sus condiciones socioeconómicas sino también institucionales y ciudadanas.
El texto se conoció días antes del inicio de la tradicional Semana Social de la Pastoral Social a nivel nacional, que en esta oportunidad se realizará de forma virtual. El encuentro comenzará el lunes próximo, y, posteriormente, se debatirá sobre las iniciativas de caridad promovidas en este tiempo, durante el primer panel que lleva de nombre "Es tiempo de actuar ahora para el futuro". El encuentro se realiza cada año en la ciudad de Mar del Plata pero ahora será con la modalidad a distancia entre el 6 y el 10 de julio.
Si bien todavía no fue confirmada la grilla de participantes, entre los que suele haber políticos, dirigentes sociales y referentes gremiales y empresariales, la temática de las charlas estará vinculada con la compleja actualidad a raíz de la pandemia de coronavirus y las ideas para lograr la reactivación.
