A través de un proyecto de ley, que se presentará cuando inicien las sesiones ordinarias, se buscará empezar a cambiar el impedimento que pesa sobre los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura a la hora de elegir candidatos a jueces del Poder Judicial de la Nación.
El autor del proyecto es el consejero Diego Marías, representante de los letrados en el organismo y flamante miembro del interbloque opositor en el organismo. Hasta el momento, los abogados son los únicos consejeros que no pueden ser integrantes plenos de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo desde dónde se evalúan y califican a los candidatos a magistrados. Para Marías, la resolución que así lo establece es “arbitraria e inconstitucional”.
En diálogo con PERFIL, Marías explicó que “la ilegalidad se desprende del propio artículo 114 de la Constitución Nacional que integra el Consejo con el estamento político, jueces, abogados, y otras personas del ámbito científico y académico, de modo que se procure “el equilibrio” entre los sectores.
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Según la normativa vigente la “Comisión de Selección y Escuela Judicial” está integrada por “tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito académico y científico”, con lo que se omite así a la representación de los abogados en ese lugar estratégico.
“No existe ninguna razón o argumento real válido que permita vislumbrar la constitucionalidad de esta supresión”, sostuvo el consejero. “En algún momento se ha intentado alegar alguna supuesta incompatibilidad por una posible injerencia de parte de los abogados sobre aquellos postulantes que –a la postre jueces– habrán de regular sus honorarios. Supuestas razones que no logran superar un mínimo análisis de razonabilidad constitucional”, agregó.
“Los abogados no estamos representados –con voz y voto– en la Comisión donde se revisan todos y cada uno de los exámenes, puntajes e impugnaciones que se desarrollan en los concursos para llegar a ser Juez, y desde donde luego se conforman las órdenes de mérito para la posterior elección de candidatos por parte del Plenario”, detalló. Tras lo que explicó que, con esta limitación, se ven imposibilitados de “ejercer plenamente la representación constitucional que nos corresponde en una fase clave del proceso de selección”.
Marías también consideró que los abogados son parte fundamental de la prestación del servicio de justicia, “como representantes legales de las partes en todos los procesos judiciales. Dado el trabajo de litigación en cada expediente, conocemos de primera mano la actuación de los postulantes a jueces en tanto funcionarios judiciales o abogados de la matrícula y estamos convencidos que estamos en condiciones de realizar un aporte a la tan requerida mejora del Poder Judicial”.
Marías, que asumió como consejero en diciembre pasado, es un hombre del Larretismo y es en quien se centran las principales miradas en lo que será el diálogo entre ambos bloques en el Consejo. El organismo tendrá una centralidad indiscutida este año en vistas a las importantes vacantes que deberán cubrirse en puestos estratégicos.
