La fiscal Patricia Ochoa imputó este jueves al secretario de Energía, Javier Iguacel, y pidió que se dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación de la resolución que obliga a los usuarios de la red de gas natural a pagar un adicional retroactivo y en 24 cuotas para compensar a las distribuidoras por la devaluación.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público formalizó una imputación contra Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
Así avanza la causa iniciada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y que quedó radicada en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría, quien delegó en Ochoa la investigación.
Iguacel quedó en la mira tras la marcha atrás con las tarifas de gas
La causa se originó a partir de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1 enero de 2019 en las tarifas, en busca de compensar los efectos de la devaluación del peso, que en los últimos meses pasó de $20 a $40.
La iniciativa impulsada por Iguacel generó críticas en toda la oposición y parte del oficialismo: sectores del radicalismo mostraron su desacuerdo con la medida y reclamaron al Gobierno que de marcha atrás con su aplicación. Entidades de defensa al consumidor plantearon además su inconstitucionalidad y anticiparon que presentarían recursos de amparo.
Días después del anuncio inicial, el Gobierno afirmó que dejaría sin efecto la resolución y sostuvo que el Estado se hará cargo de la diferencia, lo cual también fue criticado por dirigentes opositores. El escándalo además abrió una interna en el oficialismo, dado que sectores de Casa Rosada cuestionan a Iguacel por la comunicación de la medida y aseguran que no fue consultada con el equipo económico que conduce Nicolás Dujovne.
F.F.
