El juez federal Rodolfo Canicoba Corral quedó imputado en una causa penal por supuesto cohecho, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación para determinar si el magistrado supuestamente recibió “una coima de más de un millón de dólares” del sindicalista Omar “Caballo” Suárez, a quien Canicoba investiga como jefe de una asociación ilícita. Suárez fue detenido por orden del magistrado en septiembre.
Además del juez, el fiscal imputó a la esposa de Canicoba, a otra familiar del magistrado, a Suárez, al abogado Jorge Amor y a los representantes de dos firmas de Uruguay y Argentina. La denuncia quedó a su vez en tela de juicio y el fiscal Di Lello pidió investigar también el origen de la misma. La presentación ante la Justicia la realizó el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces, pero tiene un origen llamativo. Los representantes del organismo hicieron la denuncia contra el juez luego de que la presidencia del Consejo recibiera un escrito donde se detallada: “Denunciamos que el Sr. Suárez y el juez ha(n) pactado la impunidad y el recupero del gremio por el pago de una coima de más de un millón de dólares pagados por el abogado Jorge Amor a Canicoba, en efectivo delante de testigos, Juan Medina y Alfredo José Barrientos, en diciembre de 2015”, cuando la causa ya estaba en marcha. El texto agrega que el dinero habría sido depositado en Uruguay por “la mujer del juez, Ana María Viviana Tejada, en una cuenta conjunta con María Yamila Tejada. Que fue blanqueado en la compra de lotes para la sociedad panameña Leyra Co. Ltda. en Pueblo Nuevo, Maldonado”. También se denunció a la sociedad Solycor S.A., supuesta titular de los terrenos del country del Uruguay y “falsa propietaria de las casas del juez en Vicente López y Capital Federal”.
Según la presentación, el objetivo del supuesto acuerdo entre Canicoba y el Caballo Suárez es “favorecer al imputado” y “permitirle recuperar la libertad y el gremio en 2017”. La denuncia ante el Consejo está firmada por tres sindicalistas del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio del Caballo Suárez, intervenido por orden de Canicoba. Se trata de los dirigentes Alejandro Giorgi, Jorge Agustín Vargas y Rubén Alejandro Moreira, con sus respectivas firmas, documentos y domicilios. Sin embargo, Giorgi negó ser uno de los autores y denunció que le usurparon la identidad.
A pesar de esto, Di Lello decidió pedir que se investigue a Canicoba, a su mujer y a las sociedades uruguayas denunciadas en la supuesta maniobra. También pidió investigar el origen de la denuncia.
El fiscal ya pidió al juez federal Sergio Torres que averigüe todos los datos relativos al origen; composición societaria; domicilios; actividad y bienes de propiedad de las firmas Leyra y Solycor. También solicitó que se obtengan la titularidad de dominio de los inmuebles que según la denuncia pertenecerían a Canicoba. Además, pidió que Giorgi declare como testigo y que las firmas de los supuestos denunciantes sean peritadas por el Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema, entre otras medidas. PERFIL intentó comunicarse en los últimos días con Canicoba, pero no recibió respuesta.
