La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una investigación a una de las compañías que vendió barbijos tricapa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según el documento oficial al que accedió PERFIL. Se trata de la empresa Grupo DVU SAS, cuyo principal rubro es el de la construcción y fue adjudicada con dos compras directas de 210 mil mascarillas por $22.630.000, equivalentes a US$330.903 (al valor del dólar oficial al momento de las transacciones), según las publicaciones del Boletín Oficial porteño.
De entre 8 contrataciones realizadas por la Ciudad entre el 30 de marzo y el 5 de junio, el barbijo tricapa más costoso fue el adquirido a Grupo DVU SAS, que actuó como intermediaria, ya que no fabricó los barbijos que entregó, según la resolución oficial. La empresa ofertó $108 la unidad (alrededor de US$1,60, al momento de la compra), según el análisis del Programa Lupa y PERFIL publicado en julio.
Este medio intentó contactarse con la compañía, pero esta no tiene página web y no publica sus teléfonos en guía. En su domicilio legal, un departamento en el barrio de Flores, tampoco se encontró a nadie. La IGJ intentó notificar a la compañía el 5 de agosto pero en el domicilio legal respondieron que no conocían a la empresa, según confirmó una fuente oficial del organismo.
El inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, ordenó investigar e inspeccionar a los socios, administradores y al estado patrimonial de la empresa. También solicitó al gobierno porteño el legajo administrativo de las compras directas de barbijos realizadas a Grupo DVU, inscripta en la modalidad de “Sociedad por Acciones Simplificadas” (SAS), un método para crear empresas en 24 horas que habilitó el macrismo.
El organismo de control, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, emitió una resolución oficial el 3 de agosto en la que sostiene que esta sociedad se inscribió en junio de 2018 con un capital social de $19.000 y con un único accionista y administrador. De acuerdo a la IGJ, Grupo DVU no informó la ampliación de su capital social que justificara su capacidad para haber afrontado la compra de los barbijos para el gobierno porteño.
Además, la IGJ cuestionó que la compañía no estuviera inscripta para “suministrar, importar o comercializar” insumos médicos, a pesar de tener un “amplísimo” objeto social, que incluye desde transporte, salud, agropecuaria, comunicaciones, espectáculos, industria manufacturera, gastronomía, inmobiliaria, petrolera e inversora y financiera. La empresa tampoco informó sus estados y libros contables.
Barbijos. En el Ministerio de Salud de la Ciudad informaron que para abastecer a los servicios de salud correctamente de barbijos tricapa se debieron hacer compras internacionales, directas o a través de organismos de cooperación internacional según la mejor opción disponible en ese momento.
En cuanto al proveedor se indicó que debe reunir los requisitos que lo cataloguen como apto para ser contratado por el Estado, como, por ejemplo, que esté inscrito como contribuyente de IVA e ingresos brutos y que tenga un objeto social que le permita comercializar esos bienes.
Estos requisitos, admitieron, favorecen que el Estado contrate a empresas intermediarias que muchas veces encarecen los costos del insumo. “En ocasiones, las empresas optan por no comercializar directamente sus insumos, y hacerlo a través de droguerías o firmas creadas a tal efecto”, respondió la cartera sobre los intermediarios.
Entre el 30 marzo y el 5 de junio, la Ciudad de Buenos Aires autorizó al menos ocho compras de mascarillas médicas –que están formadas como mínimo por tres capas de tela, permiten respirar con facilidad y son de un solo uso, según la Organización Mundial de la Salud– por $ 713.472.200 (US$ 11.087.224). El mismo tipo de barbijo fue adquirido por un precio unitario de entre $30,24 y $108, entre US$0,46 y US$1,60, al valor del dólar oficial del momento de cada compra, reveló una investigación del Programa Lupa, que integró PERFIL.
