El juez federal Julián Ercolini dispuso hace instantes la inhibición general de bienes del ex secretario de Producción del macrismo, Rodrigo Sbarra. La decisión fue en el marco de la investigación que se abrió en contra del ex funcionario luego del hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en el interior de un mueble en el que fue su despacho hasta diciembre pasado. La resolución del magistrado se conoció poco después de que este mediodía, el fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitara la medida. El objetivo de la inhibición es evitar que Sbarra disponga libremente sobre sus bienes, mientras se investiga un posible caso de lavado de activos.
En esta instancia, para la justicia se encuentra establecido, “que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como Subsecretario y Secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente” Sbarra “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.
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La solicitud del fiscal se dio poco después de que trascendiera, a través de la señal C5N, en el programa “Brote Verde”, la existencia de una importante propiedad que pertenecería a Sbarra, en la zona de Navarro, con lo que se busca evitar que Sbarra –que está imputado desde enero pasado- se desprenda de propiedades. A fines del mes pasado, Pollicita ya había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Sbarra.
La causa contra el ex funcionario comenzó luego de una denuncia del Ministerio de Producción, tras el hallazgo del sobre con 10 mil dólares, que tenía las inscripciones manuscritas “[email protected]” y “Costas 194”. A raíz de esa dirección de mail se llegó a una de las testigos del caso, empleada de la firma Nordelta, quien explicó que entre 2016 y 2019 Sbarra compró un lote en el emprendimiento inmobiliario “Complejo Residencial Puertos”, identificado como “Costas 194”, por la suma total de 186 mil dólares.
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La mujer también aportó pruebas de su intercambio de correos electrónicos con la secretaria privada de Sbarra, sobre la cancelación de cuotas, además documentación respaldatoria de la operación que luego fue ampliada por otros documentos complementarios elevados por Nordelta S.A. y por otras empresas que participaron de la operación.
Pero esa operación no fue declarada por Sbarra. La justicia cuenta con sus declaraciones juradas patrimoniales de 2015 a 2019, que fueron aportadas por la Oficina Anticorrupción (OA) y, a través de ellas, quedó “demostrado que durante su tiempo como funcionario público el nombrado no declaró la existencia del lote adquirido a Nordelta S.A.,además de que, teniendo en cuenta la fecha de las erogaciones, sus declaraciones juradas no reflejan la existencia del dinero que le habría permitido concretar la adquisición”.
Así, la sospecha de la justicia sobre Sbarra es que “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.
