El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por un presunto entramado de corrupción en el Ministerio de Trabajo y Producción bajo la gestión de los ex ministros Francisco Cabrera y Dante Sica, a raíz del sobre con 10 mil dólares encontrados en la oficina de Rodrigo Sbarra, exfuncionario de dicha cartera.
Es que según el diputado, recibió información "sobre la existencia de una estructura corrupta que integraba el nombrado, que habría montado un sistema de desvío de fondos públicos en el ámbito del hasta diciembre de 2019 Ministerio de Producción y Trabajo, hoy Ministerio de Desarrollo Productivo".
PERFIL pudo acceder al escrito que presentó el legislador del oficialismo en el que detalló dos presuntos mecanismos para desviar fondos. En primer lugar, "la contratación de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70% de lo facturado a la organización. Según la información, se utilizaban como marco legal los convenios que la cartera firmó con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires".
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En segundo lugar, Tailhade denunció que desviaban fondos también a través del "pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicaban 'retornos' para la organización por montos muy significativos. En muchos casos, operaban sociedades anónimas simplificadas de los propios funcionarios involucrados, que no sólo facturaban millones sino también ocultaban sus bienes".
Por otro lado, Tailhade dio nombres de todo el grupo de funcionarios involucrados en el presunto círculo mediante el que se ponía en marcha el plan corrupto. Uno de los actores principales sería Sebastián Martín Bideberripe, quien "fue nombrado en 2016 director de administración del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En abril de 2017, la ONG 'Centro de Control de Políticas Públicas' lo denunció ante la Sigen por hechos delictivos similares a los que estamos denunciando, que fueron ejecutados en el ámbito de la Secretaría de Trabajo: la compra ficticia de artículos a la empresa Ferretería DZ (CUIT 30-71505009-5), localizada en Quilmes Oeste y uno de cuyos dos socios es Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe y que según la denuncia de la ONG formaba parte de la comisión del INPI que aprobaba las ofertas de bienes y servicios adquiridos por el organismo", según denunció el diputado.
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Y agregó que "en diciembre de 2018 Bideberripe asumió como secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo".
"Los dos mecanismos tenían como piezas claves a Rodrigo Sbarra y Sebastián Bideberripe, a cargo de la Coordinación Administrativa de Producción y Trabajo respectivamente, y por lo tanto encargados de autorizar los pagos. Ambos reportaban directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Francisco Cabrera, primero, y del ministro Dante Sica después", amplió en su denuncia.
Por último, Tailhade dijo que según la fuente que le acercó la información, "en septiembre de 2019 se produjo un conflicto hacia el interior de la organización". Uno de los involucrados se habría quedado con $ 40 millones del esquema de recaudación ilegal, y a resultas de esto habría sido amenazado por Sbarra y Bideberripe.
"Posteriormente se firmó la paz: Giménez se quedó con los 40 millones de pesos, pero renunció a su cargo en Arquigreen y le 'vendió' a Sbarra su participación en la sociedad en ridículos $ 2.000. Además, retiró del directorio de las sociedades anónimas simplificadas que utilizaba Sbarra para ocultar bienes y facturarle al Ministerio de la Producción a un grupo de personas que operaban como prestanombres del ex funcionario público imputado en autos, todas vinculadas a Giménez", concluyó.
J.D. / C. P.
