En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández expresó su intención de reformar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de retirarle los fondos reservados. El mandatario habló de los vínculos entre el espionaje y el Poder Judicial y planteó "nunca más" a los "sótanos de la democracia". En este contexto, un grupo de intelectuales enumeró cuáles son las medidas a tomar para ir en ese camino.
“He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”, manifestó el jefe de Estado el pasado martes 10 de diciembre, y también consignó que los fondos reservados para los agentes serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina. “Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”, indicó Fernández, quien adelantó que va enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia.
Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos, dijo Alberto Fernández
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En torno a ese debate, el grupo de especialistas en la materia y militantes integrado por Paula Litvachky, Sofía Caravelos, Lisandro Pellegrini, Verónica Almada,Mario Santucho, Juan Gabriel Tokatlian, Sidonie Porterie, Alberto Binder, Marcelo Sain y Pedro Biscay publicaron en el sitio de la revista Crisis un listado de ideas para “democratizar” el sistema de inteligencia.
Sus propuestas son:
- Llevar a cabo una democratización de las estructuras del espionaje en base a una “revisión crítica y el desmonte de los pactos de opacidad” y la “actualización conceptual de la noción de inteligencia nacional”.
- Separar la actividad de inteligencia y el sistema judicial. “Es preciso delimitar claramente que las funciones de investigación criminal estarán a cargo de los dispositivos creados para investigar delitos que se establezcan en cada jurisdicción (policía judicial, fiscalías, cuerpo de instructores), mientras que las funciones de inteligencia criminal deben ser atribución exclusiva de los organismos políticos encargados del análisis criminal (ya sea el Ministerio de Seguridad de la Nación o las carteras provinciales). La confusión entre investigación e inteligencia criminal es lo que le otorga un poder extraordinario e ilegal a la actual AFI”, sostuvieron. Asimismo, propusieron trasladar las escuchas a la órbita del Ministerio Público Fiscal, separadas en dos divisiones: las que responden a necesidades de la inteligencia nacional y las que se ordenen en una investigación criminal.
- Crear un organismo integrado por analistas que desarrolle una Inteligencia Estratégica. Según consignaron, la Secretaría de Asuntos Estratégicos podría ser un punto de partida.
- Controlar a nivel político, judicial y ciudadano las actividades de los servicios de inteligencia. Por ello, propusieron crear la figura de un/a ombudsman/woman, con “amplias facultades de supervisión”.
- Establecer nuevos estándares de desclasifición de los archivos para que todos los ciudadanos tengan acceso a la información por encima de las prerrogativas de la “seguridad nacional” y “las razones de estado”. En ese marco, se debería impulsar un proceso serio y transparente de ordenamiento y clasificación de los registros hasta la fecha.
BDN/FF
