Un lunes por la mañana, su entonces mano derecha, Carlos Leiva, llegó a su despacho en el tercer piso de Comodoro Py 2002. Encontró la puerta abierta de la entrada a la secretaría número 9, donde el juzgado federal número 5 de Norberto Oyarbide acumula las causas más sensibles.
El juez informó sobre el hecho a sus superiores de la Cámara Federal. Los camaristas le ordenaron realizar un inventario de las causas, documentación y objetos secuestrados en el juzgado. Pero el primer informe fue “insatisfactorio”, según pudo saber PERFIL de fuentes judiciales. También lo fue la explicación de Leiva. Lo que llama la atención de los camaristas es que el informe fue descuidado, “parcial”, y no llega a “cubrir el requerimiento” que habían elevado al juzgado.
La Cámara debió reiterar el pedido y ahora espera el resultado del inventario para poder cotejar si desapareció documentación o expedientes.
En medio del proceso de investigación, se reportó la desaparición de dos expedientes antes de la supuesta entradera al juzgado; uno por falsificación de documentación y otro por incumplimientos de deberes. Fuentes judiciales aseguran que finalmente pudieron ser rastreadas y encontradas.
El juzgado federal número 5 está bajo la mira de la Cámara desde hace trece meses. Esta semana, el juez fue apartado de la megacausa de la mafia de los medicamentos. Es el quinto expediente que le quitan desde agosto de 2013.
El malestar entre sus colegas crece cada vez que les asignan una causa de Oyarbide. Reciben decenas y decenas de cajas con documentación inerte para la investigación. Así lo relataron los jueces que deben cargar con las mochilas del juez. Su método de trabajo consiste el allanar decenas de sitios y secuestrar todo lo que se halle en esos lugares, tenga o no que ver con su investigación. ¿Quién podría hacer un inventario de eso?, se preguntan en la Cámara. Cuando otros jueces retoman las investigaciones deben volver a “foja cero”, aseguraron a este diario. Casi nunca utilizan nada de los secuestrado en esos centenares de cajas.
Descuidos. Aunque trascendió ahora, la historia se remonta al año pasado. Poco después de iniciarse este sumario interno por la supuesta entradera a la secretaría de Leiva, en febrero estalló el escándalo del allanamiento a la financiera Propyme y el supuesto pedido de coimas millonarias en nombre del juez y de Leiva. El propio Oyarbide hizo saber del hecho a sus superiores e intentó desviar la responsabilidad a su mano derecha. También le pegó un tiro por elevación al Gobierno: informó que había frenado el allanamiento a Propyme tras el llamado de Carlos Liuzzi, número dos de Zannini.
La Cámara inició otro sumario interno contra Leiva por haber ordenado allanar la financiera en supuesta complicidad con la Policía Federal. Desde entonces, Oyarbide lo apartó de sus funciones.
Los sobreseimientos de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Gabriel Brito anulados por la Cámara están relacionados con este inventario de causas. Oyarbide intentó deshacerse de este expediente conexo a la mafia de los medicamentos. Se la envió dos veces a su par Ariel Lijo, que instruye la causa sobre posible lavado de dinero en la campaña 2007 de Cristina Kirchner. Lijo se la rechazó, pero la Cámara le dio la razón a Oyarbide: le ordenó a Lijo que lo incorporara a su causa. Pero Oyarbide, sin explicación aparente, se la quedó y de un día para el otro le puso punto final.
El juez tomó la decisión luego de apartar a Leiva de sus funciones. Casualmente, una vez corrido Leiva, mientras avanzaba el inventario, el juez cerró varios expedientes. Uno de ellos es el que terminó con los sobreseimientos de Capaccioli, Gramajo y Brito.
En la versión más benigna, la imposibilidad de realizar un inventario se debe a la desprolijidad y desorganización de un juzgado colapsado de documentación, confirmaron en la Cámara. Para los más desconfiados, el inventario podría descubrir nuevas irregularidades en el juzgado. En 2011, otro juzgado que entonces manejaba Oyarbide, el federal número 7, sufrió un incendio donde se guardaban expedientes sensibles. “El fuego se relaciona con algún agente capaz de arder a llama libre, tal el caso de un encendedor o fósforos o algún elemento previamente encendido que se puso en contacto con un elemento combustible como las resmas de papel”, fue la conclusión de los peritos.
