¿Hubo más material semiletal enviado al gobierno de facto de Jeanine Añez durante aquellos días sangrientos de noviembre de 2019? Eso es lo que se propone indagar el Gobierno con la orden que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio a las fuerzas federales para que corroboren el movimiento de sus stocks en esas fechas. Fuentes de Presidencia hablan de hasta el doble de la cantidad denunciada el jueves por la noche por el canciller boliviano Rogelio Mayta en esa nota que daba cuenta de la presunta recepción de gas pimienta, granadas de gas lacrimógeno y postas de goma y que niegan tanto desde Juntos por el Cambio como los ex funcionarios y militares bolivianos.
“Quiero pedirle disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar”, manifestó ayer desde Tucumán el presidente Alberto Fernández, en un tono similar a la carta que le envió a su vecino, Luis Arce. “Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia, mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano”, agregó.
En la nota difundida por el gobierno de Arce se listan 5 gases lacrimógenos en spray MK-4 y 18 MK-9 –gas pimienta–; 40 mil cartuchos de postas antitumulto AT 12/70; 50 granadas de gas CN;19 modelo CS y 52 modelo HC. Fechada el 13 de noviembre, un día después de la asunción de Añez y el mismo día del aterrizaje del Hércules, a las 4.40 de la madrugada, con el escuadrón de Gendarmería que había sido destinado a resguardar la sede diplomática argentina.
Desde el Gobierno sospechan que el material se envió a través de ese vuelo pero que pudo ser el doble de lo que figura en esa presunta nota de agradecimiento que el entonces jefe de la Fuerza Aérea le envió a Normando Álvarez García, el embajador político designado por Mauricio Macri en La Paz. En una escueta nota de ocho líneas que Frederic envió a los jefes Andrés Severino (Gendarmería), Juan Carlos Hernández (PFA), José Glinski (PSA) y Mario Farinon (Prefectura) les solicita “una exhaustiva investigación” en un plazo “no mayor de 72 horas”.
“Dichos hechos (descriptos en una nota sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández que acompañó el mensaje a los jefes de las fuerzas) están vinculados a la colaboración, a través del envío de material militar o policial, del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019”, se lee en el cierre de la carta de Frederic.
“Esta es una prueba más de la participación de algunos gobiernos de derecha de Sudamérica en el cruento golpe de Estado que derivó en masacres y saqueo en nuestro país. Es la evidencia innegable de la reedición del Plan Cóndor con intercambio de información y sistemas de represión”, tuiteó el ex presidente boliviano Evo Morales ayer, junto a una foto de la carta que hizo pública Mayta el jueves por la noche. Fue solo el primero de muchos tuits durante la jornada.
“Respetamos al gobierno de Macri, por encima de las diferencias políticas, porque fue elegido por voto. No imaginamos que fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad tan abominable como el enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso”, añadió el líder aymara. Dos días después del aparente arribo de ese material represivo, el 15 de noviembre de 2019, tuvo lugar la masacre de Sacaba, donde 11 civiles fueron asesinados y 120 terminaron heridos. El 19 de noviembre, en Senkata, hubo otras 11 muertes y 78 heridos en la represión ejercida por policías y militares. Ambos episodios fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Que las autoridades políticas de aquel entonces en Argentina no supieran no es imposible, pero es poco probable. Porque esta operación, la que realizaron para traer este material acá a Bolivia, no puede haber sido sino precisamente con la anuencia de altos cargos del gobierno de Mauricio Macri, si no por el mismo Macri”, declaró ayer Mayta al ser consultado a propósito de la desmentida esbozada por el canciller Jorge Faurie y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (ver nota aparte). Y recalcó que en la misma carta figura su código de origen, que es el Departamento 4° de Logística, la sección de Material Bélico.
El abogado del comandante que suscribe la misiva argumentó ayer que la firma de Jorge González Terceros Lara había sido falsificada. Y en el mismo tono, la ex canciller Karen Longaric habló de “incongruencias” en las fechas, sugiriendo que, de haber existido, ese material debería haber sido un envío previo. Terceros está detenido desde el sábado pasado junto a otros cuatro jefes militares por presunta sedición en la causa que investiga el rol de civiles y militares en la caída de Morales y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las semanas siguientes.
“La carta firmada por un militar que deshonró su bandera y atentó contra el orden constitucional prueba la participación de gobernantes de derecha, la Iglesia Católica, EE.UU. y Almagro en el golpe. Sus crímenes de lesa humanidad deben investigarse y sancionarse en corte internacional”, esgrimió el ex mandatario boliviano. Ya desde el exilio mexicano, había sugerido que un desperfecto en el helicóptero presidencial el 4 de noviembre de 2019, seis días antes del golpe, no había sido fortuito. Y señaló a Terceros como el “principal golpista” entre los uniformados.
Álvarez García, quien guardó prudencial silencio durante las primeras horas y tampoco recepcionó los llamados de este diario, finalmente hizo un descargo por escrito: “Me sorprendió amargamente la noticia ya que en ningún momento la Embajada Argentina en Bolivia cuando yo la presidía recibió ningún pedido de esta índole y la nota publicada nunca fue recibida por mí”. Y añadió que “dentro de las funciones como embajador no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia a las fuerzas armadas o policiales y mucho menos material de ninguna clase ya que los embajadores son representantes de países y no administran recursos militares, policiales o de otra índole.”
Desde la Rosada explican que siempre existió una activa cooperación con Bolivia, incluso cuando Morales convivía con Macri, y ponen de ejemplo el envío de militares argentinos para ayudar a combatir los incendios en la Amazonia boliviana, en septiembre de 2019. Por eso refieren a este episodio como una decisión política por fuera de los convenios. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, incluso sugirió que de comprobarse que no hubo registros adecuados de este envío, encuadraría como “tráfico ilegal de armas”, sujeto a las penalidades legales.
