El oficialismo mendocino se vio sacudido después de que un exlegislador y pastor evangélico, identificado como Héctor Bonarrico, revelara que recibió un subsidio millonario dentro de un acuerdo en el que él dio de baja su candidatura a legislador el año pasado.
Bonarrico señaló en diálogo con MDZ que el dinero aprobado y publicado esta semana en el Boletín Oficial, una suma de 18 millones de pesos (9 millones otorgados durante dos años) destinada a su fundación Acción Social, fue a cambio de un arreglo político por el que desistió a postularse como senador provincial en el 2021.
Horas después, aseguró que fue malinterpretado. Además, ante esta situación, el gobernador Rodolfo Suárez anuló la entrega de fondos a raíz de la presión ejercida por el PJ, por lo que Bonarrico lo acusó de “tibio” y “traidor”.
En junio del 2021, el pastor, quien venía del partido Protectora y MasFe, se pasó a las filas de Cambia Mendoza, desistiendo de su candidatura, en una reunión con el presidente de la UCR nacional, en aquel momento, Alfredo Cornejo, y el titular local del radicalismo, Tadeo García Zalazar. Actualmente amenaza con abandonar el frente.
Altas fuentes del caso declararon a La Nación que “Suárez desconocía de qué se trataba (lo sucedido) y agradeció enterarse con la difusión mediática”.
Después de que el polémico subsidio se anulara y Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, declarara en público que denunciarían al pastor, Bonarrico expuso un documento donde aseguró estar “sorprendido de la actitud del gobernador Rodolfo Suárez de derogar un decreto que iba destinado a financiar programas educativos y de ayuda social a través de las iglesias evangélicas”.
Denuncias van, denuncias vienen
El Partido Justicialista fue el primero en lanzar una ofensiva en contra del Gobierno provincial, al cual denunciaron este lunes ante la Justicia con el objetivo de que se investigue si lo sucedido se trata de un delito de corrupción.
Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ en Mendoza, presentó la denuncia por el Caso Bonarrico en el Polo Judicial. La senadora pidió que se investigue no sólo al pastor, sino también al gobernador Rodolfo Suárez, al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, al presidente local de la UCR, Tadeo García Salazar y a Eduardo Erario, tesorero de la fundación, junto a las “demás personas que intervinieron en las contrataciones”.
En este sentido, Ibáñez quedó en el ojo de la tormenta ya que la denuncia del PJ lo ubica como “coautor” del presunto delito de fraude, ya que fue quien firmó el convenio con Bonarrico y fue, según el propio pastor, con quien se pactó el subsidio.
“Esto es de una gravedad institucional nunca antes vista en Mendoza”, expresó Sagasti al respecto y los legisladores del PJ aseguraron que “estarán totalmente activos para presentar pruebas y que se investigue hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte, el Gobierno de Mendoza se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y realizó su propia denuncia en contra de Bonarrico, buscando que se investigue si se cometió un hecho delictivo al darle a los fondos del subsidio un destino diferente al previsto.
La denuncia penal al pastor, puntualmente, se realizó por “tentativa de fraude a la administración pública”.
Según la denuncia presentada, “el Gobierno de la Provincia, a través de sus ministerios, suscribe convenios y otorga subsidios para fines que estima de interés público. Todo ello en el marco de la normativa vigente, en especial la Ley de Administración Financiera 8706, que reglamenta todo lo atinente a los trámites que autorizan gastos públicos”.
“Fue un proceso transparente, con todos los carriles administrativos que se siguen en estos casos, como con cualquier entidad de interés público. No hay un descubrimiento de algo, la publicación en el Boletín Oficial es la muestra cabal de la transparencia”, argumentó Ibáñez, el ministro de Gobierno provincial, al salir a dar respuestas.
Por otro lado, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, a cargo de Gabriel Balsells, decidió actuar de oficio ante esta situación y comenzaron a investigar el caso.
La auditoría del organismo inició con pedidos de documentación e información a las diferentes unidades involucradas, aunque los detalles de la investigación se encuentran bajo secreto de sumario.
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