El juez federal Ariel Lijo libró "ordenes de presentación" (una orden similar a la de allanamiento) para que tanto el Ministerio de Planificación que preside Julio De Vido, las empresas beneficiadas y la provincia entreguen documentación sobre este trámite, publicó hoy el diario Clarín.
En la cartera que conduce De Vido se requirió documentación sobre el proceso licitario y sobre el encargado del control del mismo, mientras que en Neuquén se solicitó que se informe la constitución de una serie de empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que se quedaron con una preadjudicación millonaria.
Ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano identificaron a los imputados en la investigación que nació con una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica en la que se remarcaba que "existió un direccionamiento para que sean beneficiadas las empresas pertenecientes a Ferreyra y López, en atención a que los argumentos esgrimidos para la preadjudicación en base a un supuesto criterio utilizado para evaluar las propuestas económicas de las distintas empresas presentadas, a nuestro entender resultan totalmente inequitativas, ilegales y violatorias de la igualdad y competencia que debe prevalecer en una compulsa de precios".
Entre los pedidos de Lijo se cuentan, también, las solicitudes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) para que entregue informes sobre la licitación en Chihuido.
