El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta Isabel Perón firmó el Decreto 261/75, autorizando al Ejército a intervenir en la provincia de Tucumán para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Aquella decisión se adoptó en un contexto de creciente violencia política y actividad de grupos armados, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Organización Revolucionaria 17 de Octubre (ORO), que operaban en la región.
La medida fue presentada como un instrumento para contener la insurgencia en la zona rural, pero marcó el inicio de un modelo de represión estatal que precedería a la dictadura de 1976, al otorgar un marco legal para la actuación militar en territorio civil y establecer criterios de intervención que excedían las facultades del poder civil.
Así, el llamado Operativo Independencia desplegó a la Quinta Brigada de Infantería bajo el mando del general Acdel Vilas, transformando Tucumán en un escenario de conflicto interno donde la línea entre la actividad insurgente y la sociedad civil se volvió difusa. El decreto permitió la creación del primer centro clandestino de detención, conocido como “La Escuelita” de Famaillá, donde hubo detenciones ilegales y torturas a presuntos militantes de izquierda. La interpretación militar del mandato de “aniquilar” no se limitó a neutralizar la capacidad operativa del ERP, sino que extendió el castigo a cualquier persona sospechosa de colaborar con los insurgentes.
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Este modelo de intervención sirvió como antecedente directo de las metodologías que se aplicarían en la última dictadura cívico-militar.
Cómo los decretos marcaron la pauta de la represión estatal
Luego de la firma del Decreto 261/75 por la presidenta Isabel Perón, el Operativo Independencia convirtió a Tucumán en un territorio donde la línea entre la lucha contra la subversión y la represión civil quedó borrada. Así que lo que comenzó como una intervención militar limitada a neutralizar al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la selva tucumana, pronto se transformó en un laboratorio de técnicas de control que los militares replicarían.
A causa de ello, la Quinta Brigada de Infantería, desplegada bajo el mando del general Acdel Vilas, operó con total autonomía, estableciendo puestos de vigilancia en caminos rurales, centros de detención clandestinos y operativos nocturnos que sembraron terror entre la población.
En los meses siguientes, el Gobierno nacional amplió estas facultades mediante nuevos decretos, primero bajo Isabel Perón y luego con Ítalo Luder, extendiendo la lógica de “neutralización” a otras provincias.
Ante ese escenario, el marco legal permitió a las fuerzas armadas actuar sin supervisión judicial, consolidando un modelo de represión que trataba al “enemigo interno” como una amenaza a eliminar físicamente.
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