El exsecretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime, que ya acumula tres condenas penales, afronta una nueva causa judicial, esta vez por supuesto fraude de 28,7 millones de pesos en subsidios a la línea ferroviaria Belgrano Cargas SA cuando estaba concesionada a sectores privados.
El fiscal federal Sebastián Basso, del partido bonaerense de Morón, pidió que el ex funcionario sea convocado a declaración indagatoria, junto a Graciela Isabel Coria, esposa del gremialista José Pedraza y ex presidenta del Belgrano Cargas SA, según informó la agencia DyN.
Pedraza fue durante 28 años el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) y purga una condena de 15 años de prisión por el asesinato a tiros del joven militante Mariano Ferreyra, en 2010.
El fiscal solicitó también las indagatorias de los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa y Antonio Eduardo Sícaro; del ex vicepresidente de Belgrano Cargas SA Angel Luis Stafforini; de Vicente Zupone, Guillermo D'Angela, y del empresario Juan Ricardo Popok.
Según el requerimiento, en 2004 el Belgrano Cargas SA habría recibido unos 28 millones de pesos en subsidios para obras de reacondicionamiento de vías y para ello habría suscripto un contrato con la empresa Tedim SA que "es inexistente", según el fiscal.
"La Secretaría de Transporte de la Nación giraba fondos de manera indiscriminada y sin ningún tipo de control", indicó el funcionario del Ministerio Público, y agregó que eso se hacía "con la anuencia o directa participación" de la CNRT, que debía controlar al concesionario.
Pero de las obras comprometidas en los contratos, según sostuvo Basso, presuntamente "nunca se comprobó su ejecución" y habría fuertes sospechas de que la concesionaria supuestamente se dedicó a "desviar millones de pesos a favor de terceros".
En septiembre de 2013 la Justicia de Córdoba le impuso seis meses de prisión por el intento de destrucción de una tarjeta que lo comprometía durante un allanamiento, mientras que en octubre fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado donde reconoció haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar, quienes también fueron condenados.
En diciembre de 2015 recibió cinco años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la Tragedia de Once, pero el tribunal le impuso una pena única de seis años de prisión por dos condenas anteriores que tenía. Además, Jaime quedó involucrado en el megaescándalo de las coimas en Brasil, donde están imputadas las empresas Odebrecht y Petrobras.
