José López afirmó este jueves que la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito fue armada por el Gobierno kirchnerista para tenerlo de “rehén”. La causa a la que se refiere el exsecretario de Obras Públicas comenzó en 2008 y tuvo su pico en 2016, cuando el exfuncionario fue encontrado revoleando bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Desde entonces está detenido y enfrenta un juicio oral y público.
El exintegrante del Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido ya había declarado en diversas ocasiones que el dinero no era suyo y que "provenía de la política". En esta ocasión, a diferencia de otras oportunidades, además brindó el nombre de la persona que (según él) le dio ese dinero, pero la identidad no trascendió por mantenerse en estricta reserva judicial, informaron fuentes judiciales a PERFIL.
López declaró hoy frente al juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa del “cuaderno de las coimas”. Desde el último viernes, el exfuncionario reclama ser tomado como imputado arrepentido e ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Por eso motivo, el viernes a la noche ya no volvió al Penal de Ezeiza, su lugar de detención desde hace dos años.
Qué es la ley del arrepentido y cómo funciona
Durante su exposición de hoy, el exsecretario sumó más detalles sobre el supuesto sistema de recaudación ilegal de dinero durante la gestión kirchnerista, vinculado a los retornos de la obra pública. López apuntó a intendentes, pero no a gobernadores, un punto en el que hicieron especial hincapié en Comodoro Py tras una serie de textos que se viralizaron en los últimos días.
El ex funcionario insistió en el temor que siente por él y por su familia. Por ese motivo, desde el viernes, López está bajo custodia de un grupo especial de la Policía Federal, conocido como Los Lobos, que lo tienen en un domicilio reservado.
Parte de la gran custodia que tiene López pudo verse hoy, en los tribunales de Comodoro Py, donde llegó para declarar ante Bonadio, entrevistarse con su defensor oficial, Gustavo Kollman, y pasar por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, del cual está a disposición. La familia del ex funcionario declinó de ser ingresada al Programa de Protección, por lo que sólo quedaron con custodia.
