La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica las jubilaciones de jueces y diplomáticos. La sesión se vio envuelta en numerosas polémicas, más allá de la cuestión económica, largamente explicada en la antesala de la votación. Es interesante repasar cómo fue el camino para llegar a este resultado que tuvo un alto costo político para el Frente de Todos en varios sentidos.
El 20 de diciembre, durante la sesión que congeló jubilaciones generales y creó una comisión para tener una nueva fórmula a partir de junio, se exceptuaron de la misma a jueces, diplomáticos y exmiembros del Estado de alto rango. El escándalo fue mayúsculo y Juntos por el Cambio denunció que el kirchnerismo buscaba impunidad a través de un acuerdo con la "corporación judicial".
"Prometieron un aumento del 20% en campaña, asumieron y enviaron un proyecto congelando las jubilaciones pero exceptuaron a jueces, expresidentes y fiscales. Y nosotros fuimos los inmorales en el 2017 por garantizar un incremento Interanual del 52%", señaló el diputado radical Luis Petri. "No quieren decir si salvan a los jueces o no. Pero vamos a saberlo antes que cante el gallo", bromeó el radical Mario Negri. "La ley del kirchnerismo suspende la fórmula de movilidad por 180 días para todos los jubilados superiores a la mínima pero exceptúa a casi todos los regímenes especiales. Aunque está tan mal redactado que es imposible saberlo con precisión", protestó Luciano Laspina, del PRO.
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Ante la situación, el peronismo redobló la apuesta y ese mismo día, el presidente Alberto Fernández extendió las sesiones extraordinarias, encomendándole a una mesa chica judicial que prepare un proyecto propio que modifique la situación de privilegio en la que habían quedado los magistrados. Durante los primeros días de febrero, el Poder Ejecutivo envió la iniciativa.
A partir de ahí, el Poder Judicial entró en tensión con el oficialismo. Y la visión de Juntos por el Cambio giró 180 grados. Asociaciones judiciales comenzaron a enviar señales claras, sobre todo amenazando con un "éxodo masivo" de jueces y fiscales. Primero hablaron de 100, luego 150 y llegaron a decir que eran hasta 400 los funcionarios que renunciarían.
La oposición consideró que el verdadero objetivo del peronismo ya no era salvar a los jueces ni negociar impunidad. Mucho menos la cuestión económica. Ahora el tema era copar la Justicia con "jueces propios". Otros veían detrás un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechando que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán se encontraba en Estados Unidos reunido con autoridades del organismo.
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Más allá de las distintas lecturas, la tensión fue tal que hasta el gremio de Judicial realizó un paro y movilización al Congreso para frenar el proyecto. El tratamiento fue exprés, casi un clásico del peronismo para tener el efecto sorpresa deseado. Las comisiones trataron el tema el miércoles y 24 horas después se llamó a la sesión.
Ante la falta de apoyos, el quórum se consiguió con una jugada polémica que terminará en la Justicia y tiene un final incierto. ¿Qué pasó? Daniel Scioli, diputado y nombrado embajador en Brasil se sentó en la banca y la oposición denunció que ya no estaba autorizado a hacerlo. El peronismo señaló lo contrario. Otra vez quedó todo envuelto en un escándalo político. JxC se retiró del recinto y el debate fue más rápido de lo esperado. El PJ votó en bloque y a favor. Hubo solo dos abstenciones, de la Izquierda. El resto de la oposición nunca bajó a discutir.
