De la polémica a la jubilación sin escalas. Son cinco, pero podrían ser muchos más. Entre los magistrados que están jubilados en la actualidad, hay cinco nombres que, entre 2016 y 2018, dejaron sus despachos y pasaron a retiro con todos lineamientos previsionales que hoy son materia de discusión, cuando estaban a punto de ser encaminados a juicio político tras ser denunciados e investigados en el Consejo de la Magistratura.
El caso más conocido es el de Norberto Oyarbide, el hombre que ocupó el juzgado 5 de Comodoro Py desde los 90 y sobrevivió desde los escándalos de Spartacus hasta el de su lujoso anillo, pasando por los sobreseimientos exprés de los Kirchner o llamados para impedir allanamientos. En abril de 2016, acorralado por las denuncias en su contra, dio un paso al costado. Presentó su renuncia, que el macrismo aceptó de inmediato, y pasó a un retiro con jubilación vip. La hubiera perdido si seguía en su cargo y se encaminaba a la destitución, previo juicio político al que ya seguro iba.
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Retirándose por su propia voluntad, Oyarbide pudo seguir cobrando del Estado casi lo mismo que percibía cuando renunció. Porque, tal como aún sucede, un juez jubilado percibe el 82 por ciento de su sueldo, y a eso se suma que deja de tener descuentos jubilatorios. Es decir que, en definitiva, desde entonces percibe cerca del 95% de lo que cobraba como salario.
Otros que siguieron sus pasos fueron los camaristas Jorge Ferro y Jorge Ballestero, y los jueces Carlos Rozanski y Oscar Hergott. Todos ellos recibieron fuertes denuncias en el Consejo de la Magistratura donde, al igual que Oyarbide, comenzaron a ser investigados y se encaminaron a sendos juicios políticos. Cuando la situación se volvió casi la crónica de un final anunciado, a pesar de las dilaciones y los tiempos políticos de los que no está exento el Consejo, renunciaron.
En mayo de 2018, en medio de una fuerte avanzada del macrismo, escrachado en el country donde vivía y con una licencia por motivos de salud, el entonces camarista de la Sala I de la Cámara Federal Jorge Ballestero, presentó su renuncia. Jubilación en mano, que el propio macrismo decía no tener problema en apurar si era necesaria para que Ballestero dejara su lugar en la Cámara, “Pati”, dejó el Poder que había ocupado durante más de cuarenta años. Lo perseguían los ruidos de la polémica tras la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, de la que hasta el propio Mauricio Macri se había hecho eco. En la mira de Elisa Carrió, por posibles irregularidades en su declaración jurada, Ballestero se retiró con los beneficios de la jubilación como los de Oyarbide. Es decir, se salvó de seguir siendo investigado y se garantizó su jubilación. Desde su retiro, además, Ballestero volvió a la actividad privada, por lo que sigue teniendo también otros ingresos.
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En esa lista además se inscribe Jorge Ferro, el ahora ex camarista de Mar del Plata, fue denunciado ante el Consejo por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) por una denuncia de protección a un importante prostíbulo de la ciudad atlántica. Pocos días ante de la dimisión de Ballestero, Ferro hizo lo propio. Tenía el beneficio de la jubilación otorgada desde 2009, por lo que pudo evitar el frente en su contra y gozar de su pensión desde el momento de su renuncia.
En 2016, Rozanski, entonces presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, también presentó su renuncia. Fue cuando estaba siendo investigado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por supuesto “maltrato laboral” contra el personal que tenía a cargo, tras una denuncia iniciada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Rozanski, sobre el que pesaban decenas de testimonios en su contra, también había denunciado a los integrantes de la Comisión y acusó a Piumato de “agravios, ataques y amenazas”.
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Otro que renunció días antes de ser suspendido en su cargo y enviado a juicio político fue Oscar Hergott, uno de los miembros del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. Denunciado por sus pares, estaba acusado de acoso laboral y sexual a empleadas de su tribunal.
Freiler, una rara avis. A diferencia de sus colegas, que renunciaron cuando estaban por ser encaminados a juicio político y evitaron así perder los beneficios de la jubilación, en noviembre de 2017 el entonces camarista Eduardo Freiler enfrentó su proceso. Cercano al kirchnerismo, el nombre de Freiler encabezaba la lista de magistrados que el macrismo no quería en tribunales. Su destitución fue un objetivo y lo lograron. De hecho, para llevarlo a juicio político se valieron de una jugada polémica que incluyó a la Corte Suprema de Justicia. Así lograron los votos para enviarlo a jury y finalmente consiguieron su destitución.
El tribunal estaba integrado por siete miembros y para llegar a la destitución se requerían cinco votos afirmativos: “No es un juez probo. Freiler no honra el cargo para el que fue nombrado”, manifestó el jurado. Desde entonces, Freiler se llamó a silencio. En la Justicia, consideran que “cayó con las botas puestas”. Una rara avis.
