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OPINIóN / Columna
viernes 21 febrero, 2020

Qué se puede hacer con "la plata de los jubilados"

Es interesante puntualizar en algunos elementos que se encuentran supuestos en los distintos puntos de vista y que habilitan a una discusión de principios sobre las características del sistema previsional.

Ulises Bosia*

Jubilados. Las jubilaciones y pensiones subirán 10,74% a partir de junio. Foto: Cedoc Perfil
viernes 21 febrero, 2020

La agenda pública se encuentra atravesada por el anuncio de aumentos en los haberes jubilatorios y los consiguientes debates sobre los criterios utilizados por el gobierno. ¿Es justo que las jubilaciones más altas se vean perjudicadas para favorecer a las más bajas? ¿A partir de qué monto las jubilaciones van a recibir un monto inferior al que hubieran recibido con la fórmula macrista? ¿Cuánto impactan de forma indirecta otras inversiones del Estado nacional, como el acceso gratuito a medicamentos o los subsidios a las tarifas de servicios públicos?

Por detrás de estas discusiones es interesante puntualizar en algunos elementos que se encuentran supuestos en los distintos puntos de vista y que habilitan a una discusión de principios sobre las características del sistema previsional. En particular, existe una concepción que es de sentido común en nuestro país, aunque solo es verdadera a medias: que la jubilación es el resultado de los aportes que a lo largo de la vida realizan los trabajadores. ¿Pero es exactamente así? En realidad no.

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Al día de hoy el financiamiento del sistema previsional argentino está compuesto aproximadamente por un 50 por ciento de aportes y contribuciones de los trabajadores activos y por un 50 por ciento de impuestos, entre los que se destaca el IVA. Es decir que se podría afirmar, sin forzar las cosas, que no existe ninguna persona que no “aporte” al financiamiento de las jubilaciones, con solo consumir un alimento en el supermercado o comprar una gaseosa en un kiosko. Incluso más, teniendo en cuenta la llamada propensión al consumo, hasta se podría decir, provocativamente, que quienes menos ingresos tienen, “aportan” proporcionalmente más a sostener el sistema previsional que quienes tienen ingresos más altos y ahorran una parte de ellos. Siguiendo este planteo, una trabajadora cartonera del Gran Buenos Aires o un vendedor ambulante senegalés, que quizás reciben un salario social complementario de menos de nueve mil pesos por su labor y lo gastan por entero cada mes, “aportan” un porcentaje imprescindible del haber de un juez jubilado que recibe centenares de miles de pesos. ¿Curioso no?

Por otro lado, también se puede reflexionar sobre la noción del “aporte previsional” propiamente dicha. Lógicamente, ningún trabajador en relación de dependencia elige voluntariamente el monto de sus aportes, como tampoco elige el monto de su salario. Se conforma con la mejor opción que encuentra a su alcance, lo cual para alrededor de un tercio de nuestra población económicamente activa incluye la posibilidad de trabajar informalmente, sin que le realicen aportes previsionales. Pero si bien actualmente es inevitable aceptar la existencia de una enorme desigualdad de ingresos -aunque no resignarse a ella-, no necesariamente sucede lo mismo con los ingresos que el Estado asegura para la vejez. ¿Es justo que, por ejemplo, un obrero de la construcción o una agricultora familiar reciban una vez jubilados un haber varias veces menor al de una ex gerenta de una sucursal bancaria? ¿El Estado debe convalidar la desigualdad de ingresos del mercado laboral o puede utilizar el sistema previsional para contrarrestar la tendencia a la desigualdad social?

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Algo de esto se encuentra detrás de la diferencia entre el nivel de cobertura previsional en Argentina, que tras las moratorias sancionadas a comienzos de siglo por los gobiernos kirchneristas prácticamente llegó a ser universal, y los muchos menores índices de formalidad laboral. En ese caso, el Estado tomó la decisión de intervenir sobre esa diferencia para mitigar la desigualdad. Lo mismo sucede con el trabajo reproductivo, que en nuestra sociedad mayoritariamente realizan las mujeres, y que sin embargo no siempre es visibilizado ni mucho menos remunerado, pero que el Estado decidió incluir en la cobertura previsional. Llevando el razonamiento al extremo, en un mundo caracterizado por la exclusión social estructural y por la tendencia a la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, ¿podría pensarse una suerte de renta jubilatoria universal que asegure un piso de derechos para todas las personas de la tercera edad por igual?

En el discurso político muchas veces se utiliza el concepto de la “plata de los jubilados”, presuntamente intocable, para cuestionar las políticas públicas que apuntan a redistribuir los ingresos mediante el sistema previsional. En general estos planteos se hacen desde la derecha que, sin embargo, cada vez que gobernó disminuyó el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Pero no son privativos de ella sino que, quizás debido a la amarga experiencia histórica durante el neoliberalismo, a veces también son incorporados desde discursos sindicales corporativos -“altos ingresos para pocos” o “buenos ingresos para todos”, sería la cuestión-, o incluso por algunas fuerzas de izquierda, que adoptan un punto de vista liberal que las emparenta con los apologetas del capitalismo.

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Ninguna de estas consideraciones podría resolver los debates suscitados en estos días. Pero sí permiten desmontar algunas afirmaciones falaces que limitan o subestiman la importancia de las políticas públicas previsionales para modificar las estructuras de la desigualdad.

* Filósofo y analista político. Director de Oleada.


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