Luego de una primera audiencia que duró cerca de ocho horas, el fiscal de juicio Diego Luciani junto a su par Sergio Mola volverán a exponer frente a las partes del juicio por la obra pública en Santa Cruz conocido como Causa Vialidad. Tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el resto de los acusados deberán conectarse a la segunda de nueve audiencias, número que podría extenderse.
Al menos así lo dejó trascender de entrada Luciani cuando dijo este lunes que "capaz necesitemos más audiencias, no se asusten", lo que extendería aún más sobre fin de año el periodo de alegatos.
Tras una primera jornada en la que el fiscal no se ahorró palabras para calificar a la vicepresidenta como la jefa de una asociación ilícita destinada a favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública, para hoy se espera un desarrollo más detallado de uno de los periodos en los que supuestamente se cometieron los delitos.
Quién es Diego Luciani, el fiscal que apuntó contra Cristina Kirchner en la causa de Obra Pública
Ayer el representante del Ministerio Público Fiscal hizo una presentación con la que buso trazar el camino que tendrá su alegato. De entrada criticó la postura de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió la absolución de Cristina Kirchner y el resto de los acusados y anticipó que su postura será contraria. Asimismo, el funcionario judicial habló de la existencia de una organización "piramidal" con los jefes de Estado ubicados en la cúspide.
Partió así del supuesto rol que para él ejecutó Cristina y desarrolló los eslabones secundarios de la cadena empezando por el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el ex secretario de Obra Pública José López.
Sobre lo último, Luciani habló de la existencia de relaciones de promiscuidad entre los funcionarios del Estado y los privados de Austral Construcciones, principalmente su presidente Julio Mendoza.
Las principales definiciones de Luciani
"Lo que ocurrió en Santa Cruz con la obra pública debe ser entendido como un caso paradigmático de la corrupción (ya que) se violaron los principios más básicos de toda contratación publica", fue una de las primeras definiciones que largó el fiscal ayer por la mañana.
En el juicio están acusados, además de la vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y el empresario Báez, con la lupa puesta en 51 contrataciones de obras viales.
"Solo 27 de esas 51 fueron culminadas, pero 24 tuvieron demoras severas, con retrasos injustificados. En algunos casos las demoras superaron los límites imaginables: más de 10 años en obras que debían durar dos o tres", dijo más adelante.
"El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer fondos públicos con una estructura de funcionarios que iban a brindar su aporte a la organización ilegal", indicó.
Luciani también puso el foco en la falta de control de los organismos que debían seguir de cerca los proyectos de obra pública en los que intervenía Austral Construcciones. "El Distrito 23 debía controlar las numerosas obras que se adjudicaban a Báez pero no tenían el personal suficiente para hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de obras. El poder político no dotó al organismo del personal necesario", consideró.
"Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández", expresó tras comentar que desde "las más altas esferas de poder se definían los pagos hasta los despidos de las empresas de Báez".
A su turno, el fiscal Mola también describió cómo fue el origen de Austral Construcciones y su relación con la coyuntura política del momento. "La firma Austral Construcciones nació cuando ya se sabía que Néstor Kirchner sería electo presidente, el 8 de mayo de 2003. Era de público conocimiento que su contrincante se iba a bajar del balotaje", comentó.
“Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió el fiscal Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez.
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