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POLITICA / Ruta del dinero K
martes 5 febrero, 2019

Van a juicio oral los financistas acusados de lavar U$S 60 millones para Lázaro Báez

Pertenecían a una sociedad de bolsa y a un banco suizo. Ya habían sido embargados por Sebastián Casanello con anterioridad.

por Cecilia Devanna

Lázaro Báez en Comodoro Py Foto: NA

El tramo del rol de las financieras de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez, fue elevado en las últimas horas a juicio oral y público por el juez federal Sebastián Casanello. La decisión del magistrado alcanza a siete personas, acusadas de ser coautores del delito de lavado de dinero y embargados con anterioridad por él por cifras que van de los 144 millones a los 716 millones de pesos.

La parte central del caso ya está en juicio y tiene a Báez, junto a sus cuatro hijos, en el banquillo de los acusados, en tanto que en otra de las partes, el juez dispuso la falta de mérito para la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, algo que fue apelado por las querellas y deberá ser evaluado por la Cámara Federal de Apelaciones. El caso comenzó en el año 2013, tras la difusión del testimonio de Leonardo Fariña, quien tres años después se convirtió en imputado colaborador de la causa y desde entonces está bajo el régimen de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nació

El nuevo tramo elevado a debate incluye a los financistas de la firma Provalor Sociedad de Bolsa: José Alex, Ariel Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz. Y a Jorge Horacio Ruiz, Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, del banco suizo Lombard Odier.

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Para la justicia, ellos intervinieron "en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud".

En su escrito, el magistrado sostuvo que esas maniobras se dieron "mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, una suma cercana a los 60 millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A".


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