Ya pasaron tres meses del arranque del juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema y las perspectivas tanto en el oficialismo como en la oposición no son las mismas que al comienzo.
Por el lado del oficialismo, lo que inició como una embestida de alto voltaje mediático fue sumando andamiaje político y pruebas testimoniales de peso que consolidaron la estrategia del Frente de Todos. “Ya no dicen que el juicio a la Corte es un circo”, ironizó el jefe del bloque del oficialismo Germán Martínez.
El desarrollo del paquete de reuniones destinado a la investigación de irregularidades en la obra social del Poder Judicial es evaluado de manera positiva por el bloque de Martínez, a lo que se suma la reciente incorporación como causal de enjuiciamiento los dos fallos que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán.
“A medida que avanzamos, esto va creciendo”. analizan. Precisamente, esta fue una de las causas del descontento por parte de la oposición, cuando se conoció la decisión del FdT de sumar otro causal por mal desempeño. “No tienen otro propósito que seguir embarrando”, manifestó el jefe del bloque de la UCR Mario Negri, que forma parte de la comisión. La preocupación tiene que ver con que hay 185 personas que están en la lista de testigos aunque desde el oficialismo aseguran que no van a ser todos citados, sino que van a ir convocando a medida que se desarrollen las reuniones. Juntos por el Cambio viene pidiendo que de una vez por todas se firme un dictamen, para lo cual el oficialismo tiene número propio, pero por ahora no está cerca su objetivo.
Arranca el debate sobre el nuevo sistema de licencias
En respuesta, la oposición pidió a su vez una ampliación de las causales de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, que ya fue solicitado con motivo de la fiesta en la residencia de Olivos durante la cuarentena y cuando convocó a desoir el fallo de la Corte Suprema por coparticipación.
El Frente de Todos está lejos por el momento de poner punto final a la etapa de discusión en comisión, sobre todo después de la repercusión que tuvo la declaración en dos jornadas del ex administrador de la Corte Suprema Héctor Marchi y la presencia de Aldo Tonón, ex titular de la obra social, que debió ser convocado a través de un oficio judicial ya que se negaba a comparecer en Diputados por estar involucrado en una causa judicial sobre el mismo asunto. Allí, Tonón se ocupó de tomar distancia de Carlos Maqueda, al señalar que no es “amigo” sino que solo tuvo un vínculo laboral, realizó un repaso de las auditorías que se hicieron sobre el organismo y aclaró por qué dejó el cargo en diciembre de 2021, a causa de su jubilación. Sobre las firmas de los integrantes de la Corte en las licitaciones y compras de la obra social dijo que “no era mi función interferir en las funciones de la Corte, ni saber quién firmaba”.
El próximo paso será la convocatoria a los actuales titulares de la obra social Mariano Althabe, y su vice Cora Borensztejn, para la próxima reunión prevista para el martes 30 de mayo, ya que la semana que viene es corta y habrá escasa actividad parlamentaria.
Una vez finalizado el eje obra social, avanzarán con la ronda de testigos ligado al fallo por Coparticipación y luego por la decisión en torno a la declaración de inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura.
