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POLITICA / Cámara de Diputados
jueves 16 mayo, 2019

El kirchnerismo y el massimo se unieron contra Laura Alonso: pidieron su interpelación

En dos proyectos de resolución, los legisladores opositores criticaron duramente su desempeño. "Está seriamente cuestionada por actos de corrupción", señalan.

Laura Alonso la titular de la Oficina Anticorrupción Foto: CEDOC

Diputados del kirchnerismo y del massismo presentaron dos proyectos de resolución para pedir la interperlación de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. El pedido se da luego de que la funcionaria macrista cuestionara en redes sociales la decisión de la Corte Suprema en la causa que involucra a Cristina Kirchner.

Los proyectos, uno encabezado por Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) y otro por Raúl Pérez (Frente Renovador), cuestionan el desempeño de Alonso a quien acusan de asumir "sistemáticamente una actitud que compromete la ética y el desempeño de su cargo".

"Este nuevo ataque a las instituciones de nuestro país, sumado a los funestos antecedentes que en similar sentido se registran respecto de la funcionaria Laura Alonso, y las diversas causas penales en las que se encuentra imputada, exigen su interpelación en los términos del art. 71 de la Constitución Nacional y el art. 204 del reglamento de este Cuerpo", expresan con dureza.

El documento, además, sostiene que la funcionaria "deliberadamente omite presentarse formalmente en las investigaciones penales que involucran al gobierno", y que "es muy distinta su actitud frente a causas que afectan a funcionarios de administraciones anteriores".

En este sentido, destacan su actuación en la causa del Correo Argentino en la cual está imputado el presidente Mauricio Macri y en la que Alonso dictó una resolución que lo desvinculó de haber incurrido en un conflicto de intereses. Esa decisión le valió a ella misma una imputación.

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"Por último, no podemos soslayar que la titular de la Oficina Anticorrupción se encuentra imputada por corrupción. La causa se inició a raíz de la publicación periodística de diario Página 12, donde se reveló que Alonso habría contratado de forma irregular como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobby para empresas privadas. Se trata de la empresa Consuasur, fundada en 2005 y contratada por la OA a comienzos del año 2017", expresa.

El proyecto de Tailhade es acompañado por Felipe Solá (Red por Argentina), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y legisladores del FPV-PJ, y el de Pérez por los massistas Cecilia Moreau, Vanesa Massetani y Carlos Selva.

El miércoles la titular de la Oficina Anticorrupción desató su furia contra la Corte Suprema a través de las redes sociales. En un tuit, Alonso, calificó de "alocada" a la actuación del Tribunal e incluso solicitó a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que ignoren la resolución que se conoció el martes.

"En una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida. Esperamos que el Tribunal Oral inicie el juicio la semana próxima porque no hay fundamento para que no lo haga", indicó la titular de la OA. 

Y continuó: "Esperamos que los jueces del Tribunal Oral Federal 2: Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso den inicio al juicio de Obra Pública el 21/5 porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera está alocada decisión de la Corte lo suspende".

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La resolución firmada el martes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco hizo lugar a pedidos de la exmandataria nacional y otros imputados involucrados en la causa que investiga irregularidades en la obra pública conocida como "Vialidad" y solicitó el cuerpo principal de la causa para estudiarlo.

Esta decisión planteó la posibilidad de que se retrasara el inicio del primer juicio oral contra la expresidenta previsto para el martes 21 de mayo, que fue justamente lo que motivó la reacción de Alonso y otros funcionarios del gobierno nacional.

En este contexto, esta mañana la Corte emitió un comunicado en el que aclaró que su pedido "no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido". "La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno". También detalló que "en el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados".

MS/ CP


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