Los directivos de Telefónica esperan el “día D”, que será el próximo 8 de septiembre, cuando el directorio de la Afsca trate el expediente que presentó la empresa para ajustarse a la Ley de Medios.
Dentro del Gobierno confirman que existen argumentos legales para aprobar o rechazar la intención de la compañía de quedarse con Telefe pero confirman que, como mínimo, será obligada a desprenderse de “cinco o seis señales del interior”.
Además de estar en Capital, Telefe tiene canales en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Salta, Santa Fe, Bahía Blanca y Neuquén. Los técnicos que analizan su expediente en el Gobierno calculan que podrá quedarse con Telefe y las señales de Córdoba y Santa Fe.
Es para cumplir con las nuevas exigencias de la cobertura nacional de un medio, que no puede superar el 35%. Hoy todas las señales de Telefónica ocupan cerca del 45%, según la Afsca, que cree que debería desprenderse del 10%.
Hay que entender que todo está teñido por los tiempos políticos. El próximo 8 de septiembre se le comunicaría a Telefónica el “mal menor”: que se puede quedar con Telefe, pero que debe vender al menos cinco señales. La empresa tendrá seis meses para ofrecer los detalles técnicos y económicos sobre qué canales seguirán bajo su órbita.
Hay movimientos de todo tipo. Un empresario vinculado a uno de los tres candidatos que lideran las preferencias en las encuestas para presidente 2015 acercó hace poco una oferta para comprar Telefe. En la reunión se habló de números concretos: la empresa pidió US$ 400 millones por los activos de uno de los dos canales más vistos de la televisión Argentina. El empresario no fue el único interesado, pero la realidad es que finalmente la operación no se concretó, a la espera de que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual resuelva la situación del grupo Telefónica.
Además de las complicaciones para conseguir dólares para cerrar la operación y su elevado monto en un escenario de “default selectivo”, ningún actor del mercado audiovisual cree que una compañía con 1.700 empleados –muchos con abultada antigüedad– valga la cifra que pide Telefónica. Creen que el precio oscilaría cerca de la mitad, en unos US$ 200 millones.
Los seis meses de plazo para ajustarse a la Ley terminan justo en marzo de 2015, cinco meses antes de las primarias, cuando el oficialismo podría entrar en un momento de mayor debilidad política. Y Telefónica tendrá más posibilidades de dilatar los tiempos apenas unos meses más, a la espera de que cambie el Gobierno.
