El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la conferencia de prensa que realizó junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad hace dos días afirmó que pedirían un veredicto técnico de la Auditoria General de la Nación (AGN) antes de que haya una resolución judicial final sobre el acuerdo al que llegó el Estado con el Correo Argentino.
Sin embargo, el auditor general de la Nación, Oscar Lamberto, afirmó que el Gobierno quiere involucrar al organismo "en un tema que nos es ajeno". El funcionario calificó que el "veredicto técnico" del que habló el jefe de Gabinete es "un invento". "En todo caso hay un tribunal de Tasación de la Nación que podría llegar a decir el valor, que no somos nosotros", aseveró.
En declaraciones al programa A los botes emitido por FutuRock FM, Lamberto explicó que "la Auditoria general puede hacer lo que la ley, la Constitución y el Congreso le autorice". "Hay un proceso de concurso de quiebra que está en manos de la Justicia. Ese tema no es auditable, nosotros no tenemos competencia de los jueces y menos en un concurso con su equipo privado. Si nosotros debiéramos intervenir en este tema, la Comisión (Bicameral que se ocupa en el Congreso) antes debería precisar exactamente qué objeto de autoridad quiere que hagamos", amplió..
"No somos empleados de la Justicia ni somos un cuerpo convocable de la Justicia, somos auditores del Congreso de la Nación", sentenció. Respecto a la propuesta de que se encarguen de auditar desde 2002 en adelante los funcionarios que estuvieron involucrados, consideró: "A mí me parece raro todas las versiones que están apareciendo. Es como que dijeron 'bueno tenemos una brasa caliente y la tiramos para algún lado' y dijeron 'la tiramos a la AGN'. Hasta ayer no estaba en ningún lado que están buscando algún tema, porque evidentemente no hay tema para auditar".
"Se quiere corregir un error político con otro error político. Nosotros no tenemos nada que ver en un concurso de quiebra, es un proceso privado en el cual el estado actúa como una entidad de derecho privado y esto es un tema que no está en el ámbito de la auditoria, para eso están los auditores judiciales, el Síndico de la Quiebra, los abogados del Estado... ", prosiguió, y añadió: "Es una cosa totalmente descabellada".
Y concluyó: "Da la sensación que hubo una percepción política de como sacar un problema de arriba y lo mandaron al lugar equivocado. La SIGEN debería haber intervenido en este proceso, son los auditores internos".
