POLITICA
la disputa con uruguay

La Argentina vuelve a La Haya con la esperanza de frenar nuevas pasteras

En el Gobierno reconocen reservadamente que hay pocas chances de revertir la producción de UPM. Pero creen que es una prueba de fuego para futuros proyectos.

En abril de 2011, los jueces de la Corte internacional desestimaron las denuncias de los ambientalistas.
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El gobierno argentino recurrirá por segunda vez al tribunal internacional de La Haya por el conflicto con Uruguay por la pastera de Fray Bentos. El objetivo anunciado es llevar un reclamo por el aumento de la producción de la planta que autorizó el gobierno de José Mujica. Pero el objetivo de fondo es evitar que la producción de pasta de celulosa se extienda por las costas del río Uruguay con nuevos emprendimientos.
En el gobierno argentino entienden que la autorización que Mujica le dio a UPM (ex Botnia) para producir más es una señal de que quiere expandir la industria de pasta celulosa, que generó graves conflictos bilaterales desde la presidencia de Néstor Kirchner hasta la fecha.
Esta presentación ante La Haya se hará con un mal antecedente: en 2010, una sentencia del tribunal dictaminó que Argentina no pudo probar que la ex Botnia provocara niveles de contaminación inaceptables. Por esto, y por la decisión de Uruguay de lograr desarrollo industrial “a cualquier costo” se hace muy difícil que Mujica dé marcha atrás. Así lo confió a PERFIL una fuente diplomática. Ayer, el gobierno argentino intimó a Uruguay a reducir la producción de la ex Botnia, como paso previo antes de ir a La Haya.
El ex embajador Raúl Estrada Oyuela, que durante el conflicto en ebullición era secretario de Asuntos Ambientales, explicó a este diario que la polémica que desató Mujica es producto de una discusión inconclusa. “Argentina orientó mal la prueba, no llevó expertos como testigos, y en cambio llevó a funcionarios que hicieron una exposición y se fueron. El tribunal dijo que Argentina no convenció a los jueces de un riesgo ambiental y delegó en la Comisión Administrativa del río Uruguay (CARU), el control sobre el efecto de la pastera en el medio ambiente, lo que fue un error”, explicó.
Estrada Oyuela agregó que Uruguay, en su momento y ahora, tomó una decisión unilateral violando el Estatuto del río. “Eso en el derecho internacional es una falta grave, y Argentina debió haber exigido una disculpa y no lo hizo”, añadió. Pero consideró que las cosas pueden cambiar si esta vez se hace una buena presentación. “Las chicanas políticas entre los países no aportan nada a la resolución del conflicto”, dijo.
Mujica insistió con que el permiso dado a UPM busca proteger “el trabajo” en su país. La planta había suspendido sus actividades hasta tanto llegara la autorización.
Para Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, Argentina no podrá lograr que la ex Botnia cierre, como propuso en 2006, pero sí podría revertir la autorización de un aumento en la producción. Según los especialistas, el aumento en la producción viola los parámetros que había establecido La Haya en 2010 con su fallo. El río Uruguay, de todas formas, recibe contaminación de diferentes fuentes (ver pág. 5). “Si a eso se suma Botnia, tenemos un desastre”, concluyó Oyuela.