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POLITICA / las guerras que vienen
sábado 31 agosto, 2013

La batalla judicial podría involucrar al próximo Gobierno

por Redacción Perfil

default Foto: Cedoc
sábado 31 agosto, 2013

Más allá del resultado del fallo con el que la Corte Suprema definirá si la Ley de Medios es constitucional, la batalla judicial entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner estará lejos de cerrarse. Incluso podría llegar a disputarse durante el próximo Gobierno, más allá de 2015. Otras causas en trámite, o por iniciarse, seguirían marcando la agenda de la relación y dificultando la aplicación de la ley.

Si la Corte llega a darle la razón al Gobierno y obliga a Clarín a desinvertir, el proceso estará lleno de trabas, sobre todo si la mira queda puesta en Cablevisión. En la actualidad hay dos causas abiertas en relación con el intento del Gobierno de que Fibertel deje de proveer el servicio de internet. El argumento del Grupo siempre ha sido que las redes de Fibertel y de Cablevisión son indivisibles, por lo que, en caso de separarlos, se afectarían los dos servicios. Allí está vigente una medida cautelar que frena la resolución gubernamental (debe resolver la Cámara Federal) y hay dos causas radicadas en el juzgado de Roberto Torti. En una de ellas, el juez ya falló a favor de Clarín. Eso significa que una eventual desinversión de Cablevisión ya tendría un blindaje judicial.

Por otra parte, el Grupo también había desplegado otras medidas cautelares por el país, como la interpuesta por Cablevisión en Mar del Plata. Esa estrategia, sin embargo, era previa al recordado 7D, y el multimedios buscaba herramientas judiciales para protegerse en caso de que la Corte no le extendiera la cautelar inicial. Esa vía hoy está abandonada, aunque no perdida.

La estrategia internacional, por último, es la instancia que le queda a cualquiera de las partes. Tanto Clarín como el Gobierno podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso de quedar disconformes con el fallo de la Corte Suprema. Al multimedios, sin embargo, esa vía no le permitiría frenar el proceso de adecuación si el máximo tribunal no le diera la razón, porque no tendría ninguna cautelar que lo proteja.


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