La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de declarar inconstitucional el memorándum con Irán desató una polémica entre el Gobierno y la Justicia. El canciller, Héctor Timerman, acusó a la Cámara de haberse apropiado de las relaciones exteriores de la Argentina. “Es una invasión sin precedentes del Poder Judicial en los ámbitos del Poder Ejecutivo”, dijo. Y añadió que los que más están celebrando el fallo “son los imputados iraníes, que hoy, en Teherán, se ven sin ninguna necesidad de dar explicaciones”.
De todos modos, ayer el Gobierno confirmó que apelará el fallo: “El intérprete último de la Constitución será la Corte Suprema”, anticipó el ministro de Justicia, Julio Alak.
Al cruce de las declaraciones de Timerman salió el juez de la Sala I Eduardo Farah: “Entendí que el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando negoció con Irán, se excedió en las facultades constitucionales que tenía de manejar las relaciones exteriores”. Para el magistrado, la decisión de crear una comisión especial para indagar a los acusados puede afectar la decisión del juez argentino de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. La comisión paralela “tenía funciones parecidas a las del juez argentino en cuanto a recolección de evidencias, interrogación de los imputados, pedidos de informes, evaluación de esa evidencia y emisión de recomendaciones”, explicó.
Para Timerman, “a partir de hoy Irán puede decir que si no se avanza ‘es por culpa de la Argentina’, porque dos jueces han vedado a la Argentina poder seguir avanzando en la causa. Volvemos a los 19 años en que no había memorándum y tampoco había justicia”.
El memorándum con Irán tenía como objetivo que una comisión de notables tomara declaración a los acusados iraníes de haber perpetrado el atentado a la AMIA en 1994. Pero si bien Argentina avanzó con el acuerdo, en Irán se paralizó. A punto tal que la presidenta, Cristina Kirchner, pidió en la Asamblea Legislativa a los bloques opositores que presentaran alternativas para avanzar en la causa AMIA.
Para Farah, las facultades que tienen el Ejecutivo y el Legislativo “no pueden invadir la causa judicial”. El magistrado admitió que no recibió presión del Gobierno para inclinar la balanza hacia un lado o el otro.
Según Timerman, el fallo es grave: “Obligan a la Argentina a quedar en falta ante la Convención de Viena, que dice que los países miembros no deben de ninguna manera impedir que se lleven adelante tratados firmados por los países. Al mismo tiempo, viola una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dice que, en casos de terrorismo, los gobiernos están obligados a cooperar entre ellos para la resolución del caso”.
