La Cámara Federal porteña, uno de los tribunales claves para el poder político y económico, es motivo de disputa en pleno año electoral. Un sector de la mesa judicial de Cambiemos está convencido de que el presidente Mauricio Macri debe avanzar en una jugada que puede costarle críticas pero que sería clave para proteger a sus funcionarios y a él mismo ante un posible triunfo opositor en las elecciones de octubre. El kirchnerismo lo sabe y hará todo lo posible para impedírselo. Tiene el viento a su favor, por ahora. Así lo confirmaron a PERFIL distintas fuentes del oficialismo, del peronismo y del kirchnerismo en las últimas semanas.
La Cámara está compuesta por dos salas. Cada una debería estar integrada por tres jueces. Actualmente, solo dos de los seis cargos son ocupados por magistrados que el Gobierno no podría desplazar. Otras dos vocalías están vacantes y las últimas dos quedaron a cargo de dos jueces de tribunales orales trasladados a la Cámara por el propio oficialismo.
La función de los camaristas es revisar las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py, quienes investigan los casos de supuesta corrupción que involucran a funcionarios del Ejecutivo y a los empresarios que realizan negocios con el Estado. Cumplen también ese rol en las causas contra el narcotráfico y trata de personas. Entre sus facultades, los camaristas pueden apartar a un juez de una investigación y torcer o enderezar el destino de los poderosos en casos de alto voltaje político como sobornos, incumplimiento de deberes de funcionario público, lavado de dinero y defraudación a la administración pública, entre otros delitos.
La oposición en el Consejo de la Magistratura maneja los tiempos.
Deciden sobre ex presidentes hasta funcionarios rasos. Desde Paolo Rocca hasta Angelo Calcaterra. Pueden confirmar un procesamiento o revocarlo; instar a un juez a investigar determinada línea o a indagar a un sospechoso. Esas potestades son las que convierten a la Cámara en un tribunal codiciado por el poder.
La clave está en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces, y está integrado por las principales fuerzas políticas, representantes de los jueces, académicos y abogados. Allí se abrió un concurso para elegir una vacante en la Cámara que dejó el juez Horacio Cattani cuando decidió jubilarse pero la intención de un sector de Cambiemos es que el trámite se amplíe al resto de las vacantes. Un grupo de funcionarios quiere que el oficialismo logre ofrecerle a Macri cuatro ternas para cubrir no una sino las cuatro vacantes en el tribunal y de esta manera controlar sus designios. ¿Cómo lo harían? Dando marcha atrás con su propia iniciativa: trasladando nuevamente a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a sus cargos en los tribunales orales.
Sin embargo, el viento sopla en contra. El oficialismo perdió la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Además, los candidatos al concurso rindieron examen en agosto de 2018 y el jurado entregó las evaluaciones en noviembre, confirmaron fuentes del organismo. El consejero a cargo del trámite es el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro. Su función es analizar los antecedentes de los participantes que determinarán el orden de mérito. Tiene la posibilidad de manejar los tiempos.
Los jueces que el Gobierno ‘expulsó’ de Comodoro Py
Los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura sostienen que Cambiemos no logrará destrabar ese concurso durante 2019. Además, explican que si llegaran a lograrlo y Macri enviara cuatro candidatos al Senado, pasar la prueba en el Congreso sería titánico. No podrán nombrar ni a cuatro ni a uno, advierten.
La conformación de la Cámara Federal quedará entonces en manos del próximo gobierno. Al igual que el destino judicial de propios y ajenos.
Vacantes codiciadas. El concurso 412 se abrió para cubrir una vacante en la Cámara Federal porteña, pero los movimientos en la Cámara desde la llegada del macrismo dejaron otras tres vocalías vacantes. La lista de aspirantes está integrada, entre otros, por tres jueces federales de Comodoro Py, un abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos jueces del fuero Penal Económico y una de las jefas de la Unidad de Información Financiera (UIF) nombrada por Cambiemos.
Martín Irurzun (el presidente del tribunal) y Mariano Llorens, quien llegó por concurso, no pueden ser removidos de sus cargos en la Cámara a menos que se les inicie un juicio político.
En cambio, los dos miembros de la Cámara que el oficialismo mira de reojo son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos son jueces de tribunales orales y fueron trasladados para integrar la Sala I por iniciativa de Cambiemos y con acuerdo de gran parte del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. El kirchnerismo se opuso.
Bruglia y Bertuzzi no concursaron para esos cargos pero se les encomendó ocupar las vacantes que dejaron Eduardo Farah y Jorge “Pati” Ballestero, desplazados de la Cámara Federal por iniciativa del gobierno de Macri.
