La Cámara Federal porteña se prepara para resolver si ordena o no la reapertura de un remanente del expediente conocido “ruta del dinero”, una causa en la la que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída, y Lázaro Báez condenado junto a sus hijos y otros imputados por realizar maniobras de lavado de dinero que superaron los 50 millones de dólares.
A través de sus abogados, Cristina Kirchner había reclamado el apartamiento de los miembros de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes aceptaron a la Asociación Civil Bases Republicanas como querellante en el expediente.
El juez Eduardo Farah desestimó dicha recusación y ratificó a sus pares de la Sala II. En su fallo, el camarista argumentó que si bien, fue disidente en la decisión de incluir a la ONG como acusador particular en el expediente que fue resuelta por mayoría, “no existe un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación”.
Bases Republicanas, ONG vinculada al macrismo apunta a ser parte en la causa luego de más de 10 años de haberse iniciado la investigación bajo el argumento que el santacruceño Lázaro Báez actuó como prestanombre por orden del matrimonio presidencial.
En ese marco, exige revertir el sobreseimiento a Fernández de Kirchner dictado por el magistrado Casanello a pedido del fiscal Guillermo Marijuan quien sostuvo que más allá de la relación entre Nestor y Cristina Kirchner y Lázaro Báez no existen pruebas para comprobar que la vicepresidenta participó en maniobras de lavado.
En “ruta del dinero”, Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal número 4 a 12 años de prisión junto a más de una veintena de personas entre ellos sus cuatro hijos Leandro, Martín, Luciana y Melina además del arrepentido valijero Leonardo Fariña.
Posteriormente, la decisión de los jueces fue recurrida por las defensas y en un fallo dividido la Cámara de Casación ordenó reducir la pena al empresario a 10 años y absolver a sus dos hijas. n la misma resolución los Camaristas Borinsky, Carbajo y Ledesma concluyeron que el dinero empleado para las maniobras provenía de la evasión fiscal del ex titular de Austral Construcciones y no de la obra pública.
