El camarista Leopoldo Bruglia avaló la permanencia de la jueza al frente del expediente que analiza el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. La defensa de la vicepresidenta había pedido el apartamiento de Capuchetti por considerar que incurrió en una “parálisis” investigativa. Según el magistrado, el no estar de acuerdo en las resoluciones no es evidencia suficiente para hablar de imparcialidad. La Cámara Federal, además, hizo un llamado a profundizar la imvestigación de la “pista Casablanca”, que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman.
Magistrados. La jueza Capuchetti seguirá al frente de la investigación, que fue delegada para que la continúe el fiscal Rívolo. Diputado, cercano a Bullrich, está en la mira de Cristina. |
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Alfredo Izaguirre
La jueza María Eugenia Capuchetti fue avalada en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre. La decisión fue determinada por la Cámara Federal porteña de forma unipersonal por el magistrado Leopoldo Bruglia.
Cristina, a través de los abogados, había solicitado el apartamiento de Capuchetti el pasado 14 de noviembre al entender que su accionar fue, “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación” al tiempo que incurrió en diversas irregularidades y resoluciones arbitrarias.
Asimismo, la vicepresidenta le reprocha a la jueza “la total parálisis investigativa”, motivo de peso para que su querella se convenciera de una “manifiesta parcialidad” en su contra. Tras rechazar la recusación, la jueza Capuchetti elevó el incidente a la instancia superior donde tras sorteo quedó designado el camarista Bruglia para su intervención.
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Seguidamente, los abogados de Cristina solicitaron sustanciar sus argumentos recusartiorios. En ese marco, el juez Bruglia convocó a una audiencia donde los letrados reeditaron en fuertes términos los dichos del apartamiento de forma oral.
En su exposición, los letrados querellantes sostuvieron que varias medidas prueba que solicitaron habían sido rechazadas, no realizadas o llevada a cabo de manera tardía, al tiempo que objetaron que la jueza no delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo (algo que recién hizo esta semana).
Los abogados hicieron otros señalamientos sobre la jueza como que tuvo “indebidas relaciones con la AFI macrista” e incluso que la jueza fue instruida de manera externa del manejo mediático de la causa y las líneas investigativas.
Los argumentos de Bruglia. Ante estos planteos, el juez Bruglia coincidió con los abogados que el caso que se investiga reviste de gravedad institucional, asimismo sustentó que los motivos por los cuales la disconformidad de la querella, acertada o no, no se sustenta como razón de apartamiento. Es decir, estar en desacuerdo con las resoluciones que tomó la jueza “de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”·
Por otra parte, el juez de cámara hizo referencia a que los señalamientos personales a la jueza de la que ella misma había respondido son “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho” y que “no evidencian la necesidad de mi apartamiento en estos actuados”.
Ante eso Bruglia sostuvo que “resultan claramente improcedentes y no merecen mayor atención, en tanto se tratan de afirmaciones hipotéticas, despojadas de elementos objetivos que permita otorgarles un marco de realidad”.
Finalmente, y en un apartado, el camarista hizo un breve llamado de atención al abogado Jose Manuel Ubeira, quien al cierre de la audiencia había dicho que ante una hipotética amenaza a la vicepresidenta o a su entorno en plena campaña “alguien va a tener que hacerse responsable y a la cabeza ponemos a la jueza Capuchetti que tuvo todo en sus manos y lo tiró a la basura”. Bruglia tildó esto como improcedente y que los dichos fueron impropios.
No obstante, y tras la ratificación de Capuchetti en la causa, es el fiscal Carlos Rívolo quien encabeza la investigación. La jueza tomó la decisión de delegar la pesquisa en el funcionario del Ministerio Público pocas horas después de la exposición de los abogados de Cristina ante la Cámara Federal porteña. Dato no menor es que Rívolo nunca fue cuestionado por la querella a lo largo de los casi tres meses que lleva la causa en instrucción.
Los camaristas piden profundizar la “pista Milman”
Con la confirmación de la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la causa por el atentado a Cristina Kirchner, la Cámara Federal porteña también dispuso que se profundice la investigación en la llamada “pista Casablanca” o “Pista Milman”, donde se busca dilucidar si el diputado del PRO tuvo conocimiento previo del intento de homicidio contra la vicepresidenta.
Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira le habían requerido a la jueza que secuestrara los teléfonos celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, ambas asesoras del legislador del PRO con quienes estuvo reunido en la confitería Casablanca, ubicada frente al anexo de la Cámara de Diputados.
Allí, Jorge Arbello, colaborador del diputado santafesino Marcos Cleri, presuntamente había escuchado a Milman decirle a Bohdziewicz y a Gómez Mónaco “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. El pedido de los letrados querellantes fue desestimado por la jueza quien sostuvo que dicha medida generaba un menoscabo en las garantías constitucionales de ambas testigos.
Dicha negativa fue uno de los motivos que devino en la recusación de la jueza Capuchetti, sin embargo, los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que la medida es procedente pero no como último argumento (ultima ratio) con lo cual dispusieron de diversas diligencias procesales previas para tal fin.
En ese marco, los jueces de la sala I Ie ordenaron a la magistrada o al fiscal Rívolo, quien tiene delegada la investigación, citar de forma indispensable al legislador Cleri. En esa misma línea, también dispusieron que se convoque a Abello para que amplíe su testimonio.
Asimismo, los camaristas requirieron del testimonio del diputado del Frente de Todos Mario Leito, quien se encontraba en la mesa que estaba en medio de la de Abello y la de Milman.
Con esas declaraciones, la magistrada deberá determinar si dispone del análisis de los teléfonos celulares de las colaboradoras de Milman pero ciñéndose en un margen delimitado y prudente “a fin de preservar aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
