Tras la quita de más de un punto de los fondos de coparticipación por parte del Gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diseña una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia para que “disponga la inmediata suspensión” del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández donde se establece la medida.
La idea que barajan en la Ciudad es trabajar en dos ámbitos: por un lado, una presentación para que el máximo Tribunal analice la “cuestión de fondo”, esto es, la constitucionalidad del decreto presidencial. Por el otro, que, mediante una cautelar, la Justicia frene la medida de la Casa Rosada hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El temor que tiene Larreta es que si la Corte se toma, al menos, un par de años para analizar el caso, la quita de fondos afecte al Gobierno porteño de manera inmediata.
De hecho, ayer había funcionarios que aseguraban que la merma en el goteo de recursos coparticipables de parte de Nación ya había comenzado, a horas del anuncio de Fernández.
El mismo jueves, el jefe de Gobierno porteño comenzó a consultar a distintas voces en materia jurídica para que le planteen escenarios y las mejores formas de encarar el tema y escuchó una conclusión unánime: había que recurrir a la Corte, sí o sí. Más aún, si no había un camino de diálogo en el medio.
Medidas. Ahora, en la Ciudad creen que el máximo Tribunal podría convocar a una mediación por este tema para que Nación y la Ciudad lleguen a un punto de acuerdo. Pero los tiempos para ello no están claros. Por eso, se decidió avanzar con la medida cautelar para darle la máxima celeridad posible al tema.
En este sentido, ayer el jefe comunal firmó un decreto para instruir al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, “a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735/20”, según informaron fuentes oficiales a PERFL.
El texto, que aún no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, solicita una presentación judicial que busque que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, más los intereses legales devengados”. A su vez, el Procurador recibe la orden de “solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.
En el decreto, Larreta plantea que “resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad”.
Lleva las firmas de Rodríguez Larreta asi como las del ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. Se estima que ese punto de coparticipación que la Ciudad deberá cederpara sustentar el fondo de fortalecimiento fiscal bonaerense ascendería a unos 35 mil millones de pesos anuales.
Reclamo de los senadores
Senadores de Juntos por el Cambio cuestionaron la decisión gubernamental de transferir recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia y reclamaron la constitución de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado que aún debe elegir autoridades. El presidente del interbloque opositor, Luis Naidenoff, criticó la medida adoptada por el Gobierno de Alberto Fernández de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad había recibido en 2016, al señalar que “el remedio es peor que la enfermedad y es una mala señal para las provincias argentinas”.
“La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos todavía no fue constituida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner”, sostuvo el senador Pablo Blanco e instó “a que su constitución se realice de manera urgente, para tratar en su seno las consecuencias que podría tener esta grave decisión”. La comisión en cuestión debe ser integrada por 17 senadores.
