El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley para intervenir por 180 días la provincia de Formosa, por supuestas violaciones a los derechos humanos del gobernador Gildo Insfrán durante las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia del coronavirus.
La iniciativa, de ocho artículos, declara la intervención de los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa "con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno" y le otorga al Poder Ejecutivo la facultad para designar a un interventor. A su vez, se dispone la "inmediata caducidad" del mandato de Insfrán y su vice, Eber Solís, mientras que declara "en comisión" a los miembros del Poder Judicial.
Por otra parte, en el plazo de 180 días -que podrán ser prorrogables por el mismo período- el interventor debería convocar a elecciones para reemplazar a Insfrán.
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El documento, que impulsaron los legisladores Juan Manuel López y Mónica Frade, fue firmado por Paula Oliveto, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Maximiliano Ferraro, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Graciela Oacaña, Mariana Zuvic, Héctor "Toty" Flores y también una radical, Gabriela Lena.
"El régimen que Gildo Insfrán ha instaurado en la provincia de Formosa no puede ser sostenido por el gobierno federal sin hacerse cómplice de la violencia institucional que utiliza ese gobernador para mantener bajo su puño de hierro a los habitantes de ese estado local", advirtieron los diputados de la Coalición Cívica.
El proyecto destaca que desde el inicio de la pandemia, el mandatario cometió "un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos" porque "fue cercando esa provincia, transformando los límites con las restantes provincias en verdaderas e infranqueables fronteras".
Cuestionamientos a Insfrán en Formosa
El gobernador de Formosa había sido cuestionado por las medidas sanitarias que implementó en su provincia, en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus, por las condiciones de hacinamiento en los centros de atención de pacientes con covid-19 y las duras restricciones para el ingreso a la provincia.
A esto se sumó el regreso a fase uno en algunos departamentos y denuncias de hacinamiento en centros de aislamiento donde conviven al mismo tiempo contagiados personas que esperan el resultado de sus hisopados, niños y población de riesgo.
Elisa Carrió había advertido esta semana que llevaría el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que el gobernador cometió "sometimiento, vejación y aislamiento" al "sitiar" la provincia. El gobierno provincial le respondió tildándola de "fascista" y "autoritaria".
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